El 26 de mayo pasado, Jesús Valencia le mintió a los iztapalapenses en su cara, como a la luz de lo que hoy sabemos, tantas veces lo ha hecho.
En medio del peligro que representa la temporada de lluvia en la demarcación, en un discurso ante los vecinos, que ya habían sido afectados, advertía el desolador diagnóstico de la fragilidad de Iztapalapa, donde 95 % de las casas son de autoconstrucción y edificadas en zonas irregulares. Qué habrían pensado los vecinos damnificados por el socavón que en esos días se abrió en la colonia San Simón Culhuacán, de haberse enterado que la familia de su gobernante vive segura y sin preocupaciones en una mansión. Y más, cómo lo habrían tratado de haber sabido que aprovechaba su desgracia con la única intención de ganar aplausos, notas de prensa, pues faltaba a la verdad cuando les dijo, palabras más o menos: “Los que vivimos en Iztapalapa estamos en más riesgo que los que están fuera de ella”.
Jesús Valencia, delegado en Iztapalapa, no vive en esta demarcación, no padece ni corre los riesgos que sus habitantes. Vive, ha confesado, en el Pedregal, en una casa con un valor aproximado de 9.5 millones de pesos. El jefe delegacional, al volcar su camioneta la madrugada del miércoles pasado, se estrelló contra la verdad. El político que miente por sistema no fue capaz de imaginar que aquella noche pasaba a ser víctima de sus propias trampas, enredos y corruptelas de gobierno.
Al igual que ocurrió con el caso de la familia presidencial, un hecho llevó a otro, tal como la posesión de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, descubrió los conflictos de interés y la inexplicable relación del gobierno de Peña Nieto con la empresa constructora Higa, tal es el caso de Valencia con la empresa Amexire. Un perredista, podríamos decir con toda proporción, que enfrenta su Higa amarilla.
La lujosa camioneta con valor de más 800 mil pesos en la que se estrelló; primero, dijo que era suya; luego, que prestada; después, que de su esposa, y luego, que de un amigo. La verdad es que pertenece a la empresa Amexire, a la que le ha otorgado millonarios contratos en Iztapalapa, uno de ellos, según consta en las evidencias publicadas, por más de 50 millones de pesos.
Desde el primer momento y antes de conocer las entrañas de la opaca relación de Valencia con Amexire, la noche del accidente exigimos en la ALDF que se hiciera pública la prueba de alcoholemia que debió practicarse al delegado a su ingreso al hospital, y una versión, por mínima y falsa que hoy pueda resultar, de por qué no fue remitido al Ministerio Público como cualquier ciudadano común y corriente.
Estamos hablando de asuntos serios: impunidad, corrupción, conflicto de interés, un gobernante mentiroso, más lo que aún esté por revelarse.
El PRD, si fuera congruente, tal y como lo ha exigido a Peña por su relación con Grupo Higa, debe ordenar a su correligionario que renuncie al cargo de jefe delegacional. El GDF tiene una oportunidad de oro para poner en práctica el anunciado plan anticorrupción, haciendo que Valencia abra su declaración patrimonial, se someta a una investigación a todos los niveles y se practique los exámenes de control de confianza, aunque ya podamos adelantar el resultado de lo que marcará el polígrafo.
Dejar el manejo del gobierno delegacional de Iztapalapa en las manos de quien conduce con torpeza, es contra el interés ciudadano. Vaya señal la de los gobiernos perredistas que en la delegación más poblada y con mayores índices de marginación social, su delegado se traslade en vehículos cercanos al millón de pesos, y tenga su domicilio en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.
Así son “los nuevos magnates de la izquierda”, cuyos discursos contrastan con su acciones, como sus salarios contrastan con el nivel de vida que llevan.
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