La creación de la Guardia Nacional en México en 2019 se presentó como una estrategia fundamental para abordar la crisis de seguridad pública que ha azotado al país. Concebida inicialmente como una corporación de carácter civil, su evolución y consolidación han generado un intenso debate sobre la militarización de las tareas de seguridad en México y sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos.
El presente informe se basa en el documento OBSERVATORIO DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA MILITARIZACIÓN EN MÉXICO de Causa en Común.
Antecedentes y Creación de la Guardia Nacional
La incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México no es un fenómeno reciente. Se remonta a sexenios anteriores, donde el Ejército y la Marina asumieron roles protagónicos ante la incapacidad o corrupción de las policías civiles. Esta política, lejos de ser una solución temporal, se ha consolidado como una estrategia estructural, especialmente en el contexto de la llamada «guerra contra el narcotráfico».
En este escenario, el gobierno actual propuso la creación de la Guardia Nacional, una institución que, a pesar de su concepción original como cuerpo civil, fue integrada mayoritariamente por elementos militares provenientes del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Esta decisión ha sido objeto de críticas, pues contraviene el espíritu de lo establecido en la Constitución, que estipula que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones de carácter civil.
Estructura, Funciones y Despliegue
La Guardia Nacional fue diseñada para operar bajo una doctrina policial civil, aunque su estructura, formación y mandos tienen un marcado carácter militar. Sus funciones abarcan un amplio espectro de la seguridad pública, desde patrullajes y vigilancia hasta la prevención del delito, combate al crimen organizado y apoyo en emergencias. Se ha reportado un crecimiento significativo en el número de sus efectivos, pasando de aproximadamente 74 mil en 2019 a más de 132 mil en 2024, con un despliegue extendido por todo el territorio nacional, incluyendo la construcción de numerosos cuarteles.
A pesar de este crecimiento, la transferencia de elementos militares a la Guardia Nacional no ha implicado necesariamente una capacitación adecuada en funciones policiales civiles, lo que plantea dudas sobre su profesionalización y apego a los derechos humanos. La dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha acentuado, particularmente tras reformas que han buscado ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 y consolidar el control militar sobre la Guardia Nacional.
Impacto y Críticas a la Militarización
La implementación de la Guardia Nacional y la estrategia de militarización de la seguridad pública han generado diversos impactos y críticas:
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Efectividad Cuestionada: A pesar de su vasta presencia y el incremento de efectivos, la efectividad de la Guardia Nacional en la reducción de la violencia y los índices delictivos ha sido puesta en duda por diversas organizaciones. Reportes indican que la Guardia Nacional ha tenido menos resultados en detenciones y aseguramientos en comparación con otras instituciones de seguridad. Además, su presencia no siempre se correlaciona con una reducción de homicidios; en algunos análisis, la ausencia de la Guardia Nacional incluso se asocia con la pacificación. Aunque el gobierno ha señalado una disminución en la percepción de inseguridad y ha destacado la confianza en el Ejército mexicano, la eficacia real en la contención del crimen organizado y la delincuencia común sigue siendo un punto de controversia.
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Riesgos para los Derechos Humanos: Organizaciones de derechos humanos han advertido que la militarización de la seguridad pública en México amenaza los derechos fundamentales. El aumento del protagonismo militar puede derivar en un incremento de presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que subraya la necesidad de una fiscalización estricta y el apego a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la participación militar en seguridad debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La falta de contrapesos y la opacidad en la rendición de cuentas de las actividades militares son preocupaciones constantes.
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Debate sobre el Control Civil: La transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA ha sido un punto de fuerte discusión, ya que desdibuja la línea entre seguridad civil y militar, y dificulta la construcción de una policía civil robusta y profesional. Opositores y especialistas argumentan que se ha perdido la figura de una policía civil, y que el enfoque en la militarización ha debilitado las instituciones civiles y abandonado la construcción de seguridad desde lo local.
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Influencia Internacional: La militarización en México también se ha analizado bajo la influencia de políticas de seguridad promovidas internacionalmente, particularmente por Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Acuerdos como el Plan Mérida han inyectado millones de dólares en asistencia militar, priorizando este enfoque sobre la inversión en instituciones policiales y judiciales civiles.
Conclusiones y Perspectivas Futuras
La Guardia Nacional, a cinco años de su inicio de operaciones, representa un pilar central de la estrategia de seguridad en México. No obstante, la persistencia de la violencia y las críticas sobre su efectividad y su carácter militarizado evidencian los desafíos pendientes. Expertos y activistas coinciden en que la solución a la crisis de seguridad no reside únicamente en la fuerza militar, sino en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la capacitación y profesionalización policial, y la reforma de las fiscalías.
Es crucial que el Congreso fortalezca su papel en la vigilancia e investigación de las dependencias involucradas en la seguridad pública, interior y nacional, y que se restablezca la autonomía de organismos como la CNDH. Un plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada en democracia y una revisión crítica de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas para acotar sus responsabilidades en tiempos de paz son pasos necesarios para revertir la tendencia a la militarización y consolidar un modelo de seguridad pública genuinamente civil y respetuoso de los derechos humanos. El futuro de la seguridad en México dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para construir y consolidar instituciones civiles fuertes y transparentes.
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