Nuestra democracia produce gobiernos federales inexpertos, gobiernos locales irresponsables y elecciones subastadas.
Héctor Aguilar Camín.
Demagogia y corrupción son hermanas. En teoría, a la primera se le castiga con el voto; a la segunda, con la ley. Por eso ambas son hijas de la impunidad. Un ciudadano sin memoria no puede razonar su voto. Una autoridad que no cumple la ley relaja los principios democráticos.
La corrupción le cuesta al país el 10% del PIB. Medir los daños de la demagogia es prácticamente imposible. Aristóteles señalaba a ésta como una degradación de la democracia. El político tiene que hablar, tiene que prometer, tiene que ofrecerse como un factor de cambio y de mejoría. Por lo tanto, su discurso se desarrolla en el ámbito del deber ser, siempre bordeando la tentación de falsear y caer en la frivolidad de proponer lo irrealizable. Caminar en el difícil terreno del realismo y la utopía requiere de equilibrio. Van algunos ejemplos:
¿Cuánto costó el reparto de la tierra? Es uno de los actos más absurdos, que destruyó riqueza y generó pobreza. Más de la mitad de la población que emigra a Estados Unidos proviene del minifundio, consecuencia de una política agraria equivocada, concebida como instrumento de control y de manipulación del voto, y no como un proyecto productivo. Difícil es calcular el costo de los inmensos daños ocasionados por las frases de los presidentes en turno: “Las finanzas se manejan desde Los Pinos”, “tenemos que educarnos para administrar la abundancia”.
Quizá el menos demagógico de los últimos gobiernos es, a pesar de su fama de viejo marrullero, el de don Adolfo Ruiz Cortines. Austero en todos los órdenes, parco en el uso de la palabra, con gran respeto a su investidura, siempre preocupado por ser congruente. A uno de los “jilgueros” que destacaba con exuberancia sus virtudes durante la campaña política, le dijo: “El elogio en boca propia es vituperio”. Recomendaba a todo su gabinete un gran cuidado en su comportamiento.
Al recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción la opinión pública no le concede muchas posibilidades de éxito. Si queremos fortalecer el Estado de derecho, reclamo reiterado de la ciudadanía, es preciso declarar cero tolerancia a la corrupción y a la demagogia. Rudolf von Ihering escribe: “Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un pueblo, si la fuerza moral, la energía, la perseverancia le faltan, en ese pueblo jamás podrá prosperar el derecho”.
Si la demagogia obedece a un afán de manipular y la corrupción, en una definición genérica, es desvío de recursos públicos para fines individuales, puede concluirse que debemos acuñar una cultura política mediante el ejemplo para atacar ambos males. No puedo coincidir con prestigiosos expertos en la materia que, con distintos argumentos, sugieren flexibilidad en la aplicación de la ley ante la posibilidad de suspender el registro al PVEM por sus reiteradas violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.
Cuando usted esté leyendo esta columna, es posible que se esté aprobando un caso monumental de demagogia: crear una Asamblea Constituyente que elabore el documento que regulará a la Ciudad de México, cuando se ha constatado que la reforma al Distrito Federal ha sido un rotundo fracaso. La propuesta busca el espectáculo, no la efectividad. Las autoridades están desarticuladas y en manos de facciones que han conformado verdaderos feudos de poder.
Ciertamente, hoy, la honradez es la virtud más necesaria. Ciertamente debe reflejarse en una menor corrupción y menos demagogia. Ésa debería ser nuestra prioridad.
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