Investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) entregaron a los legisladores un breve análisis sobre la corrupción en México. Se trata de un tema que ha cobrado especial relevancia, pues se trata de un complejo y multifacético fenómeno que no se relaciona solamente con el Estado y la función pública: también afecta a otros ámbitos de la vida social de los países.
El texto del IBD recuerda que la corrupción se puede definir como todo abuso del poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos.
En su entrega, los investigadores del IBD identifican que son cinco los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de corrupción: a) la falta de una regulación específica en la materia, b) el incumplimiento de las leyes existentes; c) leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público o del juzgador que las aplica en el proceso judicial, d) falta de oportunidad de la sanción penal; e) legislación penal incompleta y obsoleta.
Uno de los efectos más visibles de la corrupción es que afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y que genera el desprestigio de la clase política.
Pero sus efectos no se circunscriben al espacio político; para las empresas que operan en México la corrupción ha tenido un costo que se puede equiparar a un impuesto adicional de 15%.
Cifras del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dimensionan que en 2012 la corrupción tuvo un costo de un billón 529 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Transparencia Internacional, por su parte, ha señalado que México pierde 100 mil millones de dólares anuales por actos corruptos. En esa misma perspectiva, datos del Barómetro Global de la Corrupción (BGC), revelan que en 2013 los mexicanos consideraron que la corrupción en el sector público era «muy grave».
Al ubicar su origen, 73% de la población entrevistada en el BGC señaló a la policía como la institución más corrupta en nuestro país, seguida de los partidos políticos (72%).
La misma fuente dio a conocer que al valorarse la efectividad de las acciones que toma el gobierno mexicano para combatir la corrupción, 72% de los encuestados las consideró inefectivas.
Hasta hace poco, la magnitud que este fenómeno adquiere en nuestras sociedades era desconocida. Gracias a los esfuerzos realizados por organismos de reconocido prestigio, tanto en el nivel nacional como en el internacional, se empezó a conocer la situación que priva en las distintas naciones y regiones alrededor del mundo.
Así, al compararse la situación de nuestro país en referencia a otros, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en 2013, México obtuvo una calificación de 35 puntos, lo cual lo ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Nuestro país se localizó 82 lugares por debajo de Chile, 30 por debajo de Brasil, su principal competidor económico en la región; 18 lugares después de Perú y 9 por debajo de Colombia.
De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tuvo la puntuación más baja. El Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno de 2010 identificó poco más de 210 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por las autoridades de los tres órganos de Gobierno, así como concesiones y servicios administrados por particulares.
Cualquier esfuerzo para impulsar alguna política que contenga o disminuya la corrupción deberá dimensionar que para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por el los mexicanos gastaron, de acuerdo al Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno, más de 32 mil millones de pesos en «mordidas». Una «mordida» costó a los hogares mexicanos un promedio de $165 pesos.
Deberá considerar además que para los hogares mexicanos los actos de corrupción representaron un impuesto adicional de más de 14% sobre los ingresos promedio y 33% de los ingresos para quienes reciben hasta un salario mínimo.
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