Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en la esfera pública, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.
En esta segunda parte, se presentan más casos de la corrupción que se dieron el sexenio pasado.
SOBORNOS, MOCHES Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El soborno es uno de los casos más evidentes de corrupción. Este tipo de corrupción es uno de los más sencillos de medir también. Según el Inegi, alrededor de 14 % de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público en 2023 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representa una ligera disminución con respecto a 2019, cuando fue de 16 %. En ambos casos, está todavía por encima de los niveles reportados en 2015.
Además del soborno, en esta categoría, también consideramos los moches —la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores— y el enriquecimiento ilícito. Estos tres actos implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos. El típico caso de apropiación de abuso de poder para beneficios privados.
Contrario al discurso oficial, que sostiene que se acabó la corrupción, en los últimos seis años hemos documentado mordidas, moches y casos de enriquecimiento ilícito que involucran a todas las fuerzas políticas y a partes del sector privado. La frecuencia de estos actos revela que enfrentamos un fenómeno sistémico, no eventos aislados, que compromete a todos los actores del sistema político y no sólo a unos cuantos.
Pemex estuvo involucrada en al menos tres casos de sobornos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El más claro de estos fue el de la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente pagó sobornos a Emilio Lozoya para recibir contratos de la paraestatal. Además de este caso, Lozoya enfrenta acusaciones por haber recibido más de tres millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex adquiriera la planta de agronitrogenados a un sobreprecio. El presidente del consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, también acusado por este caso, fue detenido en España en 2019 y extraditado a México en 2021, donde firmó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares. Hasta noviembre de 2023, AHMSA había pagado 104 millones de pesos y tiene hasta noviembre de 2024 para liquidar el resto. En marzo de 2024, Ancira y su familia renunciaron al consejo de administración de la empresa.
Un tercer caso de sobornos, que abarcó también a la gestión de López Obrador, En 2020, Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre 2017 y 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante tres años, hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria. En 2024, un exoperador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a dos funcionarios de Pemex Procurement International por más de 600 000 dólares para recibir información privilegiada.
En junio de 2024, el gobierno federal dió a conocer otro caso, en el ISSSTE, que generó un daño al erario por 15 000 millones de pesos. Éste consistió en incrementar ilegalmente pensiones y hacer pagos duplicados a proveedores. De acuerdo con el gobierno, existen 731 sanciones a servidores públicos, 57 denuncias que involucran a más de 3000 personas, pero únicamente cinco están vinculadas a proceso penal.
Además, en marzo de 2023, Carlos Loret reveló que quince trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) acusaron a José Ángel Anzures Galicia de retener el 30 % de sus salarios. Anzures renunció tras la denuncia. Asimismo, Jaime Cárdenas, exdirector del INDEP, dio a conocer en una entrevista a Proceso que renunció luego de que el presidente le ordenara aportar 2 mil millones de pesos para la rifa del avión presidencial.
Otra forma de la corrupción es el enriquecimiento ilícito. Esta fue una gran preocupación ciudadana, que culminó en la iniciativa de reforma conocida como 3de3 y llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de la orden presidencial de que todo su gabinete presentara su declaración patrimonial y la hiciera pública, muchos no acataron la instrucción o lo hicieron parcialmente. Diferentes investigaciones periodísticas develaron casos de personajes que incrementaron su patrimonio de forma injustificada.
Algunos funcionarios federales también enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno de ellos fue Santiago Nieto, extitular de la UIF. En 2021, la FGR abrió una investigación en su contra tras una denuncia de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos. En 2023, fue denunciado de nuevo por participar en una red de evasión fiscal que involucra a su cuñado. Nieto negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña para afectar su candidatura al Senado por Querétaro en 2024, que no ganó.
En 2021, la Cámara de Diputados desaforó al diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de tener propiedades que excedían el valor de sus ingresos. Desde entonces, está en Chile, dónde la Corte Suprema rechazó su extradición a México.
La corrupción no se terminó el sexenio pasado. Las herramientas para capturar recursos públicos y emplearlos para beneficio de unos cuantos siguen siendo tan útiles como lo fueron en el pasado. Esto quedó de manifiesto con los casos documentados de pagos de privados para obtener contratos públicos, en los funcionarios de alto nivel obligando a sus subordinados a realizar “aportaciones” o con los patrimonios inexplicables de personas que se han dedicado a la política.
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES
Las irregularidades cometidas por quienes estuvieron en el poder durante esta administración generaron beneficios para sí mismos o para sus grupos políticos. Darle la vuelta a la ley, operar al margen de las reglas y abusar de las funciones públicas son algunas de las estrategias que aplicaron en beneficio propio y en desmedro de la calidad de servicios públicos que recibe el resto de la sociedad. Este tipo de abuso de poder no sólo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también obstaculizan el bienestar de las personas.
Una de las acciones más evidentes fue abusar de la pandemia para eliminar mecanismos de transparencia. Durante la emergencia sanitaria, las autoridades impulsaron distintos ajustes a la ley en beneficio de unos cuantos en el poder. Esto se tradujo en compras públicas a ciertos proveedores, mediante acuerdos y decretos que promovieron la opacidad y la discrecionalidad.
Las contrataciones públicas son uno de los espacios donde circula la mayor cantidad de recursos, pero también donde hay menos salvaguardas contra irregularidades. En momentos de crisis, la ley fue manipulada para favorecer a quienes estaban en el poder. Un ejemplo claro de esto es la gestión de la pandemia de covid-19. En 2020, un decreto presidencial facilitó la discrecionalidad en las adquisiciones de medicamentos y equipo médico. Esto permitió que seis dependencias del gobierno federal pudieran adjudicar contratos directamente bajo la justificación de la emergencia sanitaria y resultó en que empresas cercanas al gobierno obtuvieron contratos a precios inflados. Un caso particular sirve de muestra: el IMSS adquirió ventiladores a un sobrecosto a una empresa vinculada al hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, como lo documentó MCCI. Aunque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esta empresa, sólo un mes después la inhabilitación fue revocada y la empresa continúa siendo proveedora del gobierno.
DESVÍO DE RECURSO PÚBLICOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado las graves irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127 mil millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción. Uno de los casos más emblemáticos de este sexenio, tanto por la cantidad desviada como por la impunidad con la que operó, es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), documentado por MCCI desde 2020.
El gobierno federal dedicó un monto importante de recursos en tres proyectos de infraestructura: el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA. El Tren Maya ha sido objeto de múltiples investigaciones que han revelado un uso indebido de materiales de baja calidad, contratos irregulares y sobrecostos millonarios. En 2024, LatinUs documentó cómo se utilizaron materiales inadecuados para la construcción de las vías, poniendo en riesgo no sólo la calidad del proyecto sino también la seguridad de quienes eventualmente lo usarán. Además, denunció que el ejército suministró huachicol, combustible robado, para la maquinaría utilizada en la construcción del Tramo 7 del tren, lo que provocó retrasos y daños millonarios.
Por su parte, la Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos.
El AIFA no se queda atrás en términos de irregularidades. El proyecto ha sido criticado no sólo por su utilidad limitada sino por los desvíos de recursos y los sobrecostos que han afectado su viabilidad financiera. Adicionalmente, este caso refleja los problemas de transparencia con las obras construidas por los militares, pues los periodistas apenas han logrado obtener —gracias a solicitudes de información tramitadas ante el INAI— los contratos equivalentes a uno de cada cuatro pesos que se gastaron en la obra. De lo que sabemos, todos estos contratos fueron por adjudicación directa. Sin embargo, 75 % del gasto sigue en la opacidad y no ha sido sometido al escrutinio público.
Aunque la llamada Estafa Maestra surgió en el sexenio anterior, este esquema de desvío de recursos públicos a través de triangulación entre instituciones públicas y empresas fantasma continuó operando en el gobierno de López Obrador. Entre los personajes clave de este caso se encuentran Rosario Robles, que enfrentó prisión preventiva de manera injustificada por ser considerada adversaria política y probablemente para mostrar que la lucha contra la corrupción “iba en serio”. La gran mayoría de los implicados siguen libres de investigaciones en su contra y muchos siguieron participando en la política, como Alfredo del Mazo. La plataforma Corruptómetro ha revelado la aceptación de sobornos para detener los procesos penales de algunos de los implicados.
El desvío de recursos públicos ha sido una constante a lo largo del sexenio de López Obrador, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno por minimizar estos casos y proclamarse libre de corrupción. Las irregularidades en proyectos emblemáticos, programas sociales y el manejo de instituciones clave como Conade y Segalmex son sólo algunos ejemplos de cómo la corrupción sigue permeando las estructuras gubernamentales, con consecuencias devastadoras para la confianza pública y el desarrollo del país.
CONFLICTO DE INTERESES
El conflicto de interés se convierte en un acto de corrupción cuando la decisión que toma el funcionario de gobierno es en beneficio propio o de los suyos y en contra del interés público.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su artículo 3, fracción VI, lo define como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Por ejemplo: cuando un funcionario pacta con un contratista para que le venda un predio a un precio por debajo del mercado, a cambio de que le asignen ciertos contratos.
El presidente que prometió prohibir el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo terminó su presidencia dejando a su hijo, Andrés López Beltrán, como dirigente del partido en el poder. El 22 de septiembre, tomó protesta como secretario de organización del partido, junto con Luisa Alcalde como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y Carolina Rangel como secretaria general. Todos los casos aquí expuestos comparten una característica: gozan de completa impunidad.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://
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