La casa blanca y el ABC para brincar la ley

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Pareciera que el mensaje es que se vale obtener y otorgar beneficios aprovechando los cargos públicos siempre que se cuiden algunas formalidades.

Supongo que nadie esperaba algo distinto del informe con el que el secretario de la Función Pública exoneró al presidente Peña Nieto, a su esposa y al secretario de Hacienda de haber incurrido en algún conflicto de interés por la adquisición de sus lujosas casas en condiciones francamente envidiables.

No existía ningún elemento para siquiera presumir un mínimo de independencia y objetividad en la investigación, cuando la instrucción del presidente en el mismo acto en el que nombró a Virgilio Andrade como titular de la casi extinta Secretaría de la Función Pública fue muy clara: Demostrar que no hubo conflicto de interés.

Indudablemente, Andrade cumplió a cabalidad con la encomienda presidencial, pero a un costo muy alto: El de su propio prestigio que había logrado construir a lo largo del tiempo y que difícilmente podrá recuperar, al igual que la credibilidad de Peña Nieto y de su gobierno que cada día se hunde más.

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Sin embargo, esto podría ser lo de menos, ya que lo realmente grave es que no sólo dañaron la imagen de una persona, de una administración o de un partido, sino que siguen dinamitando la confianza en las instituciones quizá de un modo irreparable, lo que denota que sus intereses están por encima de todo.

La indignación es evidente y con razón, por un lado se reprueba la conducta, pero también la burla de la que hemos sido objeto. En los últimos días he escuchado en varias ocasiones una frase que refleja muy bien el ánimo de la sociedad: “Lo peor es que creen que somos tontos”, y es que no hay forma de explicar las «cómodas facilidades» que José Armando Hinojosa brindó tanto a Angélica Rivera como a Luis Videgaray. ¿En serio quieren que pensemos que no tuvieron ninguna relación con los múltiples contratos que ha obtenido Grupo Higa en los últimos años?

Por si esto no bastara y seguramente con la intención de hacer un fallido control de daños, inmediatamente después de la exoneración el presidente salió a dar una disculpa pública por lo que se pudo haber pensado, lo que ciertamente constituye un hecho inédito pero que se diluyó en el momento en que aprovechó para hablar de la conducta que deben observar los servidores públicos.

Qué paradoja, pues dados los antecedentes, pareciera que el verdadero mensaje es que se vale obtener y otorgar beneficios aprovechando los cargos públicos, siempre que se cuiden algunas formalidades que les permitan brincar la Ley sin ninguna consecuencia.

Como es natural se han levantado voces que cuestionan el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción, no obstante hay que tener en cuenta que para que se ponga en marcha, antes debe aprobarse la legislación secundaria y aquí es donde estará su prueba de fuego ya que únicamente se requiere de mayoría simple que está en manos del PRI y sus aliados.

Ya veremos cómo reaccionan ante las ambiciosas iniciativas que presentó ayer el PAN en la Comisión Permanente, pero no debemos generarnos muchas expectativas. Por eso, una vez más la participación activa de la sociedad es decisiva para vigilar el trabajo legislativo del Congreso y también para exigir que los próximos nombramientos de la Fiscalía Anticorrupción y la Suprema Corte de Justicia se den a partir de perfiles y no de cuotas.

¡Ya basta de simulación, abuso e impunidad!


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