Justicia ambiental, ¿hacia dónde vamos?

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México es, lo sabemos, una de las naciones con mayor patrimonio natural del planeta. Poseemos la cuarta mayor diversidad biológica en el mundo

Soy un convencido de que nuestra generación quedará marcada por lo que podamos hacer en favor del medio ambiente y por evitar el cambio climático. Por eso, el tema de la justicia ambiental tiene la mayor relevancia.

México es, lo sabemos, una de las naciones con mayor patrimonio natural del planeta. Poseemos la cuarta mayor diversidad biológica en el mundo. En el territorio nacional, que representa 1.5% de la superficie terrestre, existen prácticamente todos los ecosistemas. Aquí habitan entre 10 y 12% de sus especies, muchas de ellas endémicas, lo que aumenta la importancia de la biodiversidad mexicana y la responsabilidad de su cuidado.

Durante mucho tiempo el cuidado de esta riqueza natural fue dejado de lado por los gobiernos y por la misma sociedad. Nuestros ecosistemas sufrieron la degradación ambiental producto de la contaminación y el uso irracional de nuestros recursos.

Afortunadamente, las cosas han comenzado a cambiar aunque no con la velocidad y oportunidad que se requiere. Uno de los retos es lograr que las instituciones encargadas del tema ambiental: la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las correspondientes instancias en cada una de las entidades federativas, cuenten con las herramientas para hacer valer un principio muy simple pero muy difícil de aplicar en la práctica: “El que contamina, paga”.

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En México no fue sino hasta 2011 que se logró adecuar la ley para que las personas afectadas por un acto, hecho u omisión que ocasionara daño ambiental pudieran acudir a los tribunales para buscar compensación. En 2012 se dio un paso más con la introducción de las acciones colectivas en materia ambiental y, en 2013, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Ambiental, pasos positivos para hacer valer la ley en materia ambiental y ampliar el acceso a la justicia en este rubro. Las acciones colectivas en materia ambiental son una herramienta al servicio de los ciudadanos para hacer valer su derecho constitucional a un medio ambiente sano y la Ley de Responsabilidad Ambiental también otorga a la sociedad nuevas vías para defenderse ante abusos de empresas o actores que degraden el medio ambiente.

Considero que aún falta mucho por hacer y hay tres temas que deberían considerarse para que la justicia ambiental sea más efectiva:

Primero, cómo dar incentivos a las empresas para que inviertan recursos a fin de mejorar su desempeño ambiental y que actúen de manera preventiva en vez de hacerlo en forma reactiva. Dicho de otra manera, tiene que ser más atractivo invertir para evitar contaminar que invertir en multas y sanciones por haber contaminado. Esto nos ayudaría a reducir la carga jurídica de la Profepa y, desde luego, a mejorar el medio ambiente.

En segundo lugar, cómo lograr que las distintas instancias locales de administración de justicia ambiental homologuen sus capacidades y recursos. Las diferentes procuradurías ambientales e instituciones de defensa de los recursos naturales enfrentan el desafío de brindar atención al mismo nivel en las 32 entidades federativas y eso no es posible con marcos jurídicos dispares.

Y tercero y tal vez más importante, cómo asegurar que la sociedad cobre más conciencia sobre los problemas ambientales. Es fundamental seguir trabajando para que los mexicanos logremos entender que sólo con un medio ambiente sano lograremos un desarrollo sustentable y más justo.

Lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para México. Y lo que es bueno para México es bueno para todos los mexicanos. Estamos obligados a buscar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro más verde y más limpio. Un futuro en el que la brecha entre el hombre y la naturaleza se cierre para siempre.


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