¿Y de ellos quién nos salva?

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Mientras avanza en la Cámara de Diputados el sistema nacional anticorrupción —el dictamen estará listo el martes, dicen en San Lázaro—, nos enteramos que en la colegisladora la parranda con los recursos públicos sigue siendo de altos vuelos.

Usted seguramente recordará que hace unos años el Senado de la República decidió construir una nueva sede porque, con el aumento en el número de legisladores —de 64 a 96, y de 96 a 128—, la casona de Xicoténcatl se había vuelto insuficiente para albergar a la legión administrativa de esa cámara.

Nos aseguraron que con la nueve sede, que se construiría en la céntrica, pero conflictiva esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes, el Senado ahorraría dinero porque ya no tendría que rentar espacio para oficinas, como lo hizo hasta 2012.

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La versión oficial fue que, gracias a la construcción de la nueva sede, el contribuyente se ahorraría unos 100 millones de pesos anuales, pues a eso ascendía la renta que se pagaba en varios edificios, entre ellos la Torre Caballito.

Pues déjeme decirle que al contribuyente le salió más caro el caldo que las albóndigas.

La nueva sede sobrepasó por mucho su costo original. Hasta ahora van cuatro mil millones de pesos gastados en un inmueble que deja mucho que desear porque en época de lluvias es una coladera, y hay que habilitar a trabajadores para que saquen el agua con jaladores. Como en república bananera.

Y, ahora, mientras el Congreso alega y alega sobre la manera de castigar la corrupción y volver más estricta la legislación en materia de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace volar por los aires todos esos discursos santurrones, al revelar que los senadores destinaron, para el agasaje de sus grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, la friolera de mil 200 millones de pesos —la tercera parte del presupuesto de esa cámara—, y que ese dinero se gastó sin mayor comprobación.

En el Senado, el privilegio de ser secretario de la Mesa Directiva se compensa: a las cinco senadoras que hacen esas funciones, las retribuyeron en 2013 con 200 mil pesos mensuales —adicionales a su salario—, por sus esfuerzos, es de suponerse. No está nada mal: 376 mil pesos mensuales (entre sueldo y bonificaciones) por leer el orden del día y hacer un poco más.

Adicionalmente, aumentó en 50 mil pesos mensuales los gastos de representación de los integrantes de la Mesa Directiva.

Además, la ASF reveló que se decidió entregar dos millones de pesos extra por cada senador para que compre boletos de avión, sin que tuvieran que comprobar si los usaron ellos. Y destinó cinco millones de pesos más a cada grupo parlamentario para pagar los viajes de los asesores de los senadores.

Un ejemplo reciente: el senador perredista Luis Sánchez irá de turista a Vietnam el mes entrante porque, por sus pistolas, se subió a la delegación que acudirá a la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, de la que no es integrante. Pero como es vicepresidente de la Mesa Directiva, se puede dar ese lujo, aunque no esté familiarizado con los temas de la reunión.

Será bueno leer el informe que entregue sobre dicho viaje. Y saber cuánto nos costó.

La revisión de la Auditoría Superior se refiere al año 2013, en que el panista Ernesto Cordero y el priista Raúl Cervantes fueron presidentes de la Mesa Directiva (el primero de ellos hasta el 31 de agosto y el segundo, durante el resto del año).

La ASF también descubrió que entre 2008 y 2013, las asignaciones con cargos a la partida de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios creció anualmente 27.7 por ciento.

Entonces, ¿cuáles ahorros?

Cuando los legisladores se dan golpes de pecho y hablan de frenar la corrupción y la falta de transparencia seguro no están pensando en lo que ocurre en las cámaras del Congreso.

Como escribí en este espacio hace unos meses, si hubiera una verdadera voluntad de combatir la corrupción, lo primero que harían los legisladores es transparentar absolutamente todo el dinero público que fluye en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el de México es uno de los cinco parlamentos más caros del mundo, entre un total de 202 revisados.

Con las revelaciones hechas sobre la opacidad y discrecionalidad con la que se gastan los recursos públicos en el Congreso, ¿cómo creer en las declaraciones y las propuestas de los legisladores en materia de lucha contra la corrupción?

¿Con qué calidad moral van a legislar sobre controles al gasto público y transparencia administrativa si no son capaces de frenar la voracidad en su propia casa?

Si hemos de confiar en que los legisladores van a asegurar que todo desvío y todo dispendio en el gobierno federal serán castigados, necesariamente tenemos que preguntar a los diputados y a los senadores: ¿y de lo que gastan ustedes, señores, quién nos va a salvar?


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