En días recientes en la Ciudad de México se ha desatado un interesante debate derivado del rechazo de algunos grupos de taxistas en contra del servicio de Uber. Éste parte de un sistema tecnológico que permite conectar choferes con usuarios a través de una aplicación de celular. En ésta puedes observar quién es el chofer, el mapa de ruta vía GPS y hasta el costo estimado del viaje dada la distancia y el tráfico de la ciudad. Algo que no ofrece el servicio actual de taxis.
El debate se centra en la supuesta ilegalidad que representa este servicio, ilegalidad incluso reconocida por las autoridades quienes los llaman piratas por no contar con el permiso que ellos mismos otorgan, cuando en realidad se trata de un contrato entre particulares permitido por la ley. De tal forma que diversos grupos de taxistas han exigido a las autoridades su regulación. Las sugerencias van desde la imposición de un estándar similar al de los ‘taxis seguros’ (emplacado, revista vehicular, taxímetro verificado, etc.), hasta la eliminación del servicio.
En una ciudad como el Distrito Federal, donde la demanda de transporte público reclama la existencia de servicios modernos, seguros, limpios y confiables, se vuelve imperante que el gobierno local preste atención a esta discusión con total responsabilidad y compromiso, para que de esta forma cumpla con una de sus obligaciones primarias: proveer de uno de los servicios públicos básicos a sus habitantes y no poner trabas a un servicio que funciona en muchas otras ciudades del mundo y subsiste con otros servicios de transporte público.
De acuerdo a la última Encuesta Origen-Destino del Distrito Federal (2007), las dos terceras partes del total de viajes diarios que se realizan en la capital del país (aproximadamente 14.8 millones de viajes), son en transporte público, lo que incluye el taxi (al cual se le asignan, según la Setravi casi 2 millones de viajes diarios). En otras palabras, el 70% de la población se mueve en estos medios que hasta ahora han resultado ineficientes. Situación que deviene de un problema regulatorio y de ineficiencia.
Lo que todos los usuarios saben, pero las autoridades no aceptan, es que la mayoría de los servicios existentes —incluso los regulados— no cumplen con las características primordiales que se esperan al pagar por un servicio. De entrada las condiciones del parque vehicular del transporte público son lamentables. Los taxis son sucursales de asaltos y robos, los microbuses son entes contaminantes, los peseros manejan de forma riesgosa, mientras que un gran número de este tipo de vehículos no respetan el reglamento de tránsito, se pasan los altos, dan vueltas prohibidas, invaden las zonas peatonales, circulan sin verificación, etc.
No sólo eso, de acuerdo a la propia Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en la capital del país circulan aproximadamente 20 mil unidades de taxi piratas, vehículos en los que difícilmente se puede confiar dado que no existe un registro de los mismos y pone en riesgo la seguridad e incluso vida de los usuarios. Estos taxis piratas son, además, sujetos de clientelismo político por parte de los gobiernos de la Ciudad de México, los cuáles a través de la discrecionalidad de la repartición de permisos han usado por años a estos grupos no regulados como asistentes a marchas, mítines y plebiscitos.
Sin duda, el mal diseño regulatorio actual tiene como resultado lo anteriormente descrito. Así, el debate debe ser mucho más de fondo, no se trata de quitar a un servicio eficiente como Uber, sino de analizar las alternativas para modernizar el servicio de transporte público actual y hacerlo más eficiente y confiable.
Porque tal pareciera que para que al servicio de Uber le permitan circular en la Ciudad de México necesita contar con placas piratas, falsificar permisos, ser inseguros, pasarse los altos y mostrarse como un riesgo para la población. Tal vez y de esa forma el gobierno capitalino los deje en paz.
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