En junio entrante se cumplirá una década de que el país emprendió su guerra abierta contra los cárteles del narcotráfico, cuando el entonces presidente Vicente Fox lanzó el operativo México Seguro, llevando como punta de lanza a fuerzas castrenses que habían sido prestadas a la Policía Federal Preventiva.
Una forma de medir los resultados de esa campaña gubernamental contra el crimen organizado ha sido la contabilización del número de personas que han sido asesinadas anualmente de forma dolosa: de 11 mil 246 en 2005 a 15 mil 653 en 2014, pasando por el año cúspide en esa materia, 2011, con 22 mil 852.
Durante esa década, la tasa de homicidios dolosos en México pasó de 9.49 por cada 100 mil habitantes a 19.68 en 2013, con un pico de 23.88 durante el mismo 2011, que fue terrible en violencia.
Este crecimiento, aparejado con el aumento de otros delitos como el secuestro y la desaparición de personas, ha llevado el caso de México a ser señalado internacionalmente como el que otras naciones buscan evitar.
El 23 de febrero pasado, el papa Francisco habló del riesgo de que su país natal, Argentina, pudiera terminar en una “mexicanización”.
Hoy se usa ese término como hasta hace pocos años se usaba el de “colombianización”.
Y vale la pena recordar que, aunque Colombia sigue teniendo problemas con la producción y la distribución de cocaína, el país sudamericano ha logrado bajar considerablemente los índices de violencia —de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, entre 1991 y 1993, a alrededor de 30— y ha logrado cambiar la percepción del mundo sobre cómo le afecta el narcotráfico.
Ahora el país que más se asocia a esta idea es México, lo que nos obliga a revisar la estrategia que han seguido otros países en la reducción de la violencia. Como Colombia.
Cuando en los años ochenta los políticos Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán lanzan el movimiento Nuevo Liberalismo en Colombia, empezaron a recorrer los municipios y les llamó la atención la cantidad de gente que juntaban en algunos de ellos y al preguntarle a la gente por qué iban, les decían que los mandaba un señor llamado Pablo Escobar, que al poco tiempo sería diputado suplente y se daría a conocer por regalar canchas de futbol y casas.
Cuando averiguan quién era Escobar, lo expulsan públicamente del partido, desatando el odio del capo. Y cuando Lara Bonilla es nombrado ministro de Justicia —por el presidente Belisario Betancur— y lanza una lucha frontal contra los cárteles de la droga, especialmente en Medellín, donde actuaba Escobar, es asesinado el 30 de abril de 1984.
El hijo de Pablo Escobar, quien se cambió el nombre por el de Sebastián Marroquín diría, años después, que su padre “ni con todo su dinero, ni con todo su poder podía revertir las palabras de Lara”.
A los pocos años, Luis Carlos Galán era el candidato a la Presidencia. Casi todo el país lo apoyaba y en sus discursos decía que les tocaba luchar contra el más grande de los problemas, “el poder oscuro y criminal del narcotráfico”, y que lo más grave era su poder corruptor. Entre las metas de Galán estaba lograr un cambio de conciencia en Colombia “para que no le dé vergüenza a ningún colombiano presentar el pasaporte de su patria”.
Escobar manda a asesinar a Galán en un mitin el 18 de agosto de 1989.
Por todo Colombia aparecieron anuncios, tanto en medios como en espectaculares que decían: “Por sus hijos. Por usted. Por Colombia. Denuncie a los narcotraficantes”. La sociedad y el gobierno estaban del mismo lado.
Cuando Escobar escapa, en 1992, de la cárcel que él mismo había construido, la fuerza pública desata una verdadera cacería contra los narcotraficantes.
Hasta los pocos periodistas que lograron contactar a Escobar, le pedían que se entregara por el bien del país. Había un claro sentido del bien y del mal.
Según los hijos de Luis Carlos Galán —entre ellos, el actual senador Juan Manuel Galán— han dicho que se tenía que evitar a toda costa que Colombia se convirtiera en una narcodemocracia. Que el Estado debía conservar la legalidad, pues cuando éste entra en una lógica de alianzas con los grupos criminales, ya no se sabe de dónde viene el peligro.
El 2 de diciembre de 1993 finalmente matan a Pablo Escobar, cuando intentaba huir por el techo de su última guarida, en Medellín.
Su hijo, Sebastián Marroquín, siempre dice que no entiende a los que quieren ser como su padre, pues “si conocieran la historia de Pablo Escobar ninguno osaría repetirla”.
Sin pretender decir que Colombia ha salido de la espiral de violencia en la que cayó en los años 90, el caso de ese país pone bajo la lupa las cosas que no está haciendo México para emerger de su propia pesadilla.
En la lucha contra la violencia falta que los límites entre la delincuencia organizada y el Estado se definan con claridad, y que la clase política enfrente, unida, el peligro que representa la criminalidad para la democracia.
Tampoco tenemos a una sociedad unida contra los cárteles. El episodio de Iguala demostró lo grave que es la penetración de los criminales en las instituciones, pero también cómo la parte más vocal de la sociedad no ha cobrado conciencia de quién es el enemigo.
Detener a los capos del narcotráfico y descabezar a los cárteles es una labor importante, pero falta lo esencial: un frente unido de todos, al margen de diferencias políticas, contra esta amenaza y un rechazo absoluto a toda violación del Estado de derecho.
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