¿Qué es un buen gobierno?

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Son ocho las principales características que debe tener.

En el escenario mexicano y para el ciudadano común, ¿qué es el buen gobierno?

La definición más recurrente determina, y no necesariamente en el mismo orden, que el buen gobierno es: a) el que proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad; b) el que promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable; c) el que garantiza salud, educación de calidad, seguridad y bienestar a los ciudadanos; y d) el que crea las condiciones favorables para un crecimiento económico estable y generador del bien común.

En contrapartida obvia, el mal gobierno es señalado cada vez más como una de las causas principales de los males sociales en todo el planeta.

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Un documento de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP), advierte que son “muy pocos los países y las sociedades que han llegado a conseguir un buen gobierno en su totalidad” (nótese que este organismo asocia al buen gobierno con la ciudadanía, tema del cual nos ocuparemos en próxima ocasión), y que para asegurar un desarrollo humano sostenible, es necesario emprender acciones para alcanzar este ideal y convertirlo en realidad.

Son ocho las principales características que debe tener un buen gobierno: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso social, equidad, eficacia y sensibilidad. Todos estos factores se aplican durante el proceso de decisiones que conforman la gobernanza. En este proceso de toma de decisiones, el buen gobierno debe cuidar que los indicadores de corrupción sean mínimos, escuchar y atender las demandas de mayorías y minorías, escuchar a los grupos vulnerables y fortalecer lo que llamaríamos visión de Estado, en la que figure la atención a las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

El estudio de la UNESCAP llama la atención sobre el hecho de que la participación ciudadana en el proceso de decisiones, es el punto clave de un buen gobierno, sea directa o por conducto de intermediarios, instituciones o representantes legítimos de la sociedad. Esta participación debe estar informada, bien organizada y caracterizada por la libertad de expresión.

El contexto de legalidad para un buen gobierno no es condición menor. Necesita que su marco legal sea imparcial; que se protejan los derechos humanos, sobre todo los de las minorías vulnerables. La aplicación imparcial de la ley exige además, como lo mandata nuestro federalismo, de un poder judicial independiente, dotado de una Incorruptible fuerza política.

La transparencia significa que las decisiones tomadas se ejecuten apegadas escrupulosamente a la ley y que la información estará a disposición de los ciudadanos que sean afectados por las medidas tomadas.

El buen gobierno requiere que su aparato funcione con responsabilidad. Por eso se llama a sus integrantes funcionarios públicos. Que las instituciones sirvan a toda la sociedad y atiendan y resuelvan los problemas en un tiempo razonable.

Nada hay tan importante en una sociedad compleja y desigual como la nuestra, que lograr consenso en torno a las decisiones de gobierno. Esto se logra con un esfuerzo de mediación perseverante para unificar criterios. Ayuda, y mucho, el propiciar el acercamiento de la sociedad a sus raíces históricas y culturales, y en general a todo aquello que contribuye al concepto de nación.

El bienestar para una sociedad depende de que se asegure que todas las políticas para lograr este objetivo son incluyentes, lo que implica proveer a todos los grupos, especialmente a los más vulnerables, de oportunidades para alcanzar, mejorar o mantener su bienestar. Eso es equidad.

El buen gobierno también debe garantizar buenos resultados a la ciudadanía, lo que conlleva una condición sine qua non: utilizar los recursos públicos disponibles con eficacia y pulcra honradez.

Finalmente está la sensibilidad: todo buen gobierno está obligado a ser sensible ante las demandas sociales, en el entendido que la sensibilidad debe ser transparente y con respeto a la ley.

¿Y la calidad del buen ciudadano? De ello nos ocuparemos en la próxima entrega.


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