Las imágenes son de guerra. Vehículos en llamas, barricadas, tiroteos a diestra y siniestra. Enfrentamientos que ocurren en cualquier esquina. Estampas de un territorio sin autoridad y sin ley. La ausencia del Estado en su forma más plástica. Reynosa, como antes Matamoros, bajo el fuego del caos. Es verosímil que la detención de uno de los líderes del Cártel del Golfo hubiere desatado la reciente ola de violencia.
El descabezamiento de una organización criminal o de una célula local es causa frecuente de enfrentamientos entre bandas rivales y de estos con las fuerzas de seguridad. Las razones son de diverso tipo: la intención de recuperar o vengar a los líderes capturados o asesinados, la lucha interna por el liderazgo de la organización, la oportunidad de una banda antagónica para asumir el control de una plaza frente a la debilidad táctica u operativa de la rival.
Ya se ha concentrado suficiente experiencia en el país como para que a alguno hubiere tomado por sorpresa la escalada violenta que, eventualmente, puede generar una detención. De ahí que lo ocurrido en Reynosa sea explicable. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia puede justificarse como un costo implícito o inevitable de la acción de la autoridad. En ningún modo puede presentarse como un signo positivo del acoso a los criminales. Por el contrario, los hechos, presuntamente provocados por la detención, pusieron en evidencia que el Estado, simplemente, no está preparado para contener irrupciones o picos coyunturales de violencia y, en general, para controlar las distintas variables en juego.
El problema central de Tamaulipas, como lo ha revelado Alejandro Hope, desde tiempo atrás, es que la estrategia de intervención federal no ha servido para generar capacidades locales. Peor aun: la presencia prolongada y sin objetivos precisos de reestructuración institucional, ha alentado la irresponsabilidad local.
Ahí radica, esencialmente, la falla tamaulipeca: la estrategia ha instalado una suerte de incentivos parasitarios. Con el pretexto de que se trata del crimen organizado y de que la amenaza que implica a la seguridad y al orden públicos excede a la capacidad coactiva instalada de los órdenes locales, el estado y los municipios han dado un paso atrás en la prevención, investigación y reacción frente al despliegue y apropiación territorial de las bandas criminales, bajo el impulso antipedagógico de que la Federación los suplirá en todos y cada uno de sus tramos de responsabilidad.
El vacío estructural de poder disuasivo y coactivo, más allá de la presencia —limitada por definición— de las fuerzas armadas o federales, aumenta la probabilidad y recurrencia de efectos violentos frente a cualquier tipo de acción de la autoridad. Así pues, una detención, realizada sin enfrentamiento aparente, pudo provocar una oleada de narcopandillerismo y distintos tipos de enfrentamientos urbanos, debido a que, simplemente, no hay capacidades de cobertura para contener las posibles respuestas.
La inseguridad es un fenómeno de causas y efectos interconectados, unos visibles y otros inesperados. La fortaleza institucional y el éxito de una estrategia no se mide sólo en la aptitud de identificar y ponderar las causas o de prever sus efectos, sino en la eficacia y oportunidad para reaccionar frente a cualquier escenario.
En el contexto de los incentivos parasitarios, no hay forma de pacificar nuestra convivencia. Mientras no se generen capacidades en cada orden de gobierno, el país será el laboratorio de las explosiones no controladas. En la medida en que no se instalen fusibles y circuitos funcionales, los botones que la Federación apriete en un extremo seguirán detonando incontenibles alteraciones de voltaje en otros.
Reynosa no se incendió por una detención. La causa esencial es la inexistencia de capacidades locales para hacer valer la ley y el orden. Malas y corruptas policías (entre el 40% y el 60% de los elementos estatales y municipales reprueban los controles de confianza), autoridades políticas coludidas con el crimen, incentivos perversos generados por una estrategia incompleta. La estrategia de intervención federal que ha vuelto parásitos a los gobiernos locales porque no les ha exigido hacerse de vida propia.
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