Estamos en presencia de un sacudimiento de proporciones inimaginables al vetusto sistema político mexicano. La vinculación entre el narcotráfico y estructuras del propio gobierno podridas por la corrupción institucionalizada que desde hace años existen en este país, hoy día están desafiando la vigencia del orden normativo. Los hechos acontecidos en el Estado de Guerrero han puesto en proyección internacional la evidencia irrefutable de que ya no es posible seguir sosteniendo la farsa del “aquí no pasa nada y todo está bien”, que se pregona en el discurso del gobierno en turno.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene una oportunidad de oro para invertir el proceso de descomposición que hoy se está viviendo. Todos los efectos del errado ejercicio del poder público, hoy están cobrándole un precio muy alto, que infortunadamente también está pagando la población.
Las carencias del Estado, hoy a su cargo, están a la vista. No hay instituciones dignas de confianza en la investigación de los delitos cometidos, y este ingrediente es toral, por la certeza que aporta a los resultados. Tampoco la hay para el órgano jurisdiccional.
Tenemos un Estado con los brazos rotos. La obligación mínima del Estado con sus gobernados es salvaguardar la seguridad pública, pero aquí no hay ninguna. Hoy cualquiera puede ser secuestrado y hasta asesinado, y el perpetrador difícilmente será aprehendido, menos juzgado y sentenciado.
Si el titular del Ejecutivo empezara por reconocer las debilidades del sistema, habría un avance importante hacia la solución, porque sería un acto de lealtad y de respeto del primer mandatario del país hacia sus mandantes. Si la actitud del PRI y sus aliados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión fuera de apertura para hablar de un crimen que lacera la parte más sensible de los seres humanos, también se podría empezar a transitar a un escenario distinto al exhibido el jueves de esta semana.
Hay paradigmas que deben YA ser modificados. La defensa a ultranza del Jefe del Ejecutivo debe moderarse. Se entiende perfectamente que el presidente Peña Nieto es un miembro del PRI y que sus correligionarios tenderán a escudarlo, pero no al grado de impedir que se hable sobre el asunto. En Coahuila, durante la 58 Legislatura, los legisladores príistas se dedicaron, sin dar una sola razón, a impedir que comparecieran Humberto Moreira y/o Javier Villarreal ante el pleno, por el tema de las irregularidades con las que se contrataron los créditos, y mire usted, las consecuencias.
El Presidente Peña Nieto afirma que derivado del sufrimiento causado por el caso Iguala, han venido ocurriendo movimientos de violencia cuyo objetivo pareciera responder a un interés de generar desestabilización y de atentar contra el proyecto de nación que él encabeza. Se le olvida que es presidente de todos los mexicanos, incluso de quienes no votamos por él, y que su deber es conciliar cuanto haya que conciliar, por más dispar que parezca. Esa es su tarea principal.
Lo que hoy está sucediendo en la calle, en strictu sensu, ya no es únicamente por la tragedia Iguala-Ayotzinapa, se ha ido convirtiendo en una especie de carrusel en movimiento al que se han ido subiendo otras expresiones de disgusto popular, que vuelven más difícil la solución del problema. No haber agarrado el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, desde un principio, ha permitido la infiltración de fundamentalistas, que no tienen otro objetivo que el de perpetrar saqueos, robos y depredaciones en perjuicio de bienes privados y públicos. A grosso modo, estamos ante la comisión de acciones típicas de una situación de rebelión, prácticamente ante la primera etapa de una guerra civil. Si el gobierno no la contiene, con inteligencia, puede transitar a un segundo momento, que es el de la insurgencia.
Y un encarecido y respetuoso llamado al presidente Peña Nieto, no permita que ningún miembro de su familia vuelva a insultar la inteligencia de los mexicanos, fue deprimente escuchar a su esposa en proyección nacional. Y finalmente, no es ninguna concesión graciosa el que usted haya hecho pública su declaración, desde el primer día de su mandato debió incluso hasta volantearla.
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