El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) ha destapado un escándalo que sacude la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2024-2025: un gasto masivo e irregular en publicidad en redes sociales, apoyos no orgánicos y encuestas «ficticias», prácticas prohibidas por la ley. Un informe especial del OEJ, actualizado hasta el 31 de mayo de 2025, confirma y amplía hallazgos previos, señalando que estas conductas ilegales han sido una constante a lo largo de todo el periodo de campañas.
Este nuevo informe surge como respuesta a una solicitud formal del Instituto Nacional Electoral (INE), que pidió al OEJ colaborar con información para los procedimientos de fiscalización de la propaganda electoral digital. El objetivo, según el OEJ, es proporcionar elementos técnicos para que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan determinar irregularidades y actuar en consecuencia.
La investigación del OEJ se centra en tres aspectos clave: el gasto excesivo y sin reportar en publicidad digital, especialmente en redes sociales; la existencia de «estructuras paralelas» de apoyo, que sugieren un uso indebido de recursos; y la contratación de encuestas de intención de voto que, por su metodología o financiamiento, levantan serias dudas sobre su legitimidad.
El OEJ subraya que el gasto en redes sociales, particularmente en plataformas como Facebook y Google, ha sido una infracción «constante» en esta elección. Aunque la legislación electoral establece límites claros y prohíbe la contratación de propaganda en estos medios, los candidatos han incurrido en estas prácticas de forma directa o indirecta. El informe detalla cómo las pautas publicitarias detectadas en plataformas digitales exceden los límites permitidos, generando una «asimetría» que compromete la equidad de la contienda.
Más allá de los montos, el OEJ advierte sobre el «desequilibrio» que genera el gasto ilegal en redes. Mientras algunos candidatos invierten sumas considerables, otros no pueden competir en igualdad de condiciones, lo que distorsiona la percepción pública y el conocimiento de las propuestas. Esta situación, señalan, vulnera los principios de equidad y transparencia que deben regir todo proceso democrático.
El informe también destaca la opacidad en el origen de los recursos. Aunque la ley exige que todo gasto de campaña sea reportado y fiscalizado, el OEJ encontró patrones de gasto que no corresponden a lo declarado por los candidatos, lo que sugiere el uso de financiamiento irregular. Este «dinero oscuro» no solo es una infracción grave, sino que también abre la puerta a la corrupción y a la influencia de intereses ajenos a la voluntad ciudadana.
Una de las revelaciones más preocupantes del OEJ es la identificación de «apoyos atípicos» y «estructuras paralelas». Esto se refiere a la movilización de recursos y personas que, si bien no son parte oficial de las campañas, operan en favor de ciertos candidatos, burlando los límites de gasto y las normas de fiscalización. Este tipo de prácticas, que recuerdan a las viejas mañas del clientelismo, minan la credibilidad del proceso electoral.
Ante estas irregularidades, el OEJ lanza una interrogante fundamental: ¿cómo actuarán las autoridades electorales? La legitimidad de los resultados de esta elección judicial, vital para el contrapeso de poderes en México, depende en gran medida de la capacidad del INE y el TEPJF para investigar a fondo, sancionar a los responsables y, en su caso, reparar las vulneraciones.
El Observatorio Electoral Judicial ha puesto a disposición de ambas instituciones toda la evidencia documentada en el informe, incluyendo bases de datos con el vínculo a cada anuncio, su alcance y los montos gastados, así como el nombre de los candidatos involucrados. También han hecho públicas las bases de datos de encuestas y de estructuras paralelas de apoyo.
El OEJ reitera su compromiso con la justicia electoral y la transparencia, enfatizando que el fortalecimiento democrático requiere tanto de diagnósticos rigurosos como de acciones contundentes por parte de las autoridades. Es imperativo que el INE y el TEPJF demuestren su autonomía y su capacidad para garantizar la equidad y la legalidad en los procesos electorales, especialmente cuando se trata de cargos que exigen los más altos estándares de integridad.
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