Tlatlaya e Iguala deben permanecer siempre en nuestra memoria, para recordarnos aquello que no debe volver a suceder.
Es una buena noticia que a varios meses de los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala, estos no hayan caído en el olvido como seguramente pretendían el gobierno priísta y el PRD, pero resulta indispensable que hagamos un recuento de lo que realmente ha pasado en este tiempo y como nos van a trascender estos episodios funestos de la vida nacional.
Sin duda ha sido gracias a la presión internacional, al activismo de organizaciones sociales y a la presencia permanente en redes sociales, como se han registrado algunos avances:
1) En principio se ha logrado la detención de los responsables y ya están sujetos a proceso penal.
2) El gobernador de Guerrero se vio obligado a asumir su responsabilidad política y pedir licencia al Congreso del estado.
3) Las autoridades federales tuvieron que reconocer el nivel de corrupción imperante y la infiltración del crimen organizado en diversos municipios del país.
4) El presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas entre las que se encuentra la presentación de una iniciativa para crear el mando único policial estatal y poder intervenir en municipios infiltrados.
5) Los partidos políticos se han comprometido a “blindar” a sus candidatos.
6) A partir de su renovación, la CNDH ha asumido un papel mucho más proactivo y ha tomado decisiones importantes como reclasificar la gravedad de las violaciones en el caso de Tlatlaya.
A pesar de lo anterior, es de reconocer que no se han generado las condiciones necesarias para cumplir con un objetivo esencial, debemos asegurarnos de que este tipo de hechos no se volverán a presentar en el futuro.
No es posible que a 4 meses no conozcamos los motivos que causaron la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa -las diferentes versiones de las autoridades no han convencido- y que persistan las dudas respecto a la responsabilidad que pudieran haber tenido elementos del ejército, cuando menos por omisión al negarse a intervenir y brindar ayuda a los estudiantes.
Por otra parte, no estoy cierto que la propuesta del Ejecutivo Federal apunte en el sentido correcto, pues nada garantiza que las corporaciones estatales sean lo suficientemente sólidas y confiables como para resistir la capacidad de penetración de las bandas criminales.
Tampoco abona mucho a este propósito, la radicalización y la violencia con que actúan algunos grupos, desvirtuando el legítimo reclamo de los padres de familia y de organizaciones sociales.
Finalmente, ni las autoridades ni los partidos han implementado medidas suficientes para evitar que llegue dinero ilegal a las campañas o para revisar los antecedentes y vínculos de los candidatos. Vaya, ni siquiera se ha nombrado al titular de la FEPADE.
En resumen, no podemos bajar la guardia hasta en tanto no se esclarezcan a plenitud estos hechos y se lleven a cabo todas las acciones políticas, administrativas, judiciales y legislativas que garanticen la no repetición. Tlatlaya e Iguala deben permanecer siempre en nuestra memoria, para recordarnos aquello que no debe volver a suceder.
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