La elección del dirigente estatal de Acción Juvenil, la sección del PAN que coordina la participación política de los jóvenes, en Puebla, el pasado 8 de junio, estuvo marcada por acusaciones de compra de votos, hostigamiento, amenazas y firmas falsificadas. Incluso, un audio difundido por medios estatales respaldó estas denuncias, llevando al candidato perdedor a afirmar que todo el proceso interno «estaba comprado».
En Veracruz, durante la elección municipal de Poza Rica, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, denunció una grave irregularidad: «después de reventar el conteo en Poza Rica, y con los paquetes abiertos, súbitamente aparecen decenas de votos nulos que están marcados por Movimiento Ciudadano y otros partidos», acusando directamente a Morena de estos hechos.
En la elección judicial, se detectaron en Michoacán 23 mil 415 boletas con anomalías. De estas, 12 mil ni siquiera estaban dobladas, lo que sugiere que fueron introducidas ilegalmente en las urnas; además, 11 mil presentaban la misma letra o patrón de relleno, lo que indica que una sola persona pudo haberlas marcado.
Por su parte, en la elección de Durango, Morena, a través de su secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán —quien desestimó los malos resultados obtenidos y rechazó el apodo «Andy»—, denunció intimidación contra sus candidatos y militantes, así como compra de votos. Adicionalmente, en el mismo estado, la candidata de Morena al municipio de Santiago Papasquiaro, Karen Fernanda Pérez Herrera, fue detenida con dinero en efectivo, sobres y una copia del padrón electoral local.
Retomando la elección judicial, la distribución de «acordeones» —y la coincidencia con los nombres de los candidatos ganadores— empañó la credibilidad del proceso electoral, sugiriendo una inducción del voto. Esto se vio agravado por la confusión de la boleta y el escaso conocimiento de los electores sobre las trayectorias de los candidatos.
Este recuento de hechos, ocurridos solo en junio de 2025, evidencia un patrón de prácticas recurrentes en cada comicio. Resulta preocupante que estas irregularidades sean perpetradas por todos los partidos políticos, ya sea en elecciones locales, federales o en procesos internos.
Gran parte de los discursos de la clase política actual, sin importar su afiliación partidista, se llenan de condenas a las prácticas antidemocráticas, que, según afirman, atentan contra la libertad de elección del pueblo. Sin embargo, convenientemente, ocultan que sus propias fuerzas políticas también recurren a ellas.
Las condenas a acciones como el acarreo, la compra de votos, la intimidación, el robo de urnas, la manipulación de paquetes electorales, las campañas de desinformación, los ataques contra candidatos —en ocasiones, mortales—, la inducción del voto, el secuestro de operadores o representantes partidistas, las amenazas a electores para que no acudan a las urnas, y las traiciones de funcionarios de casilla o de partido, se han vuelto una constante después de cada jornada electoral. Lo notable es que estas irregularidades son atribuidas a todos los partidos, o al menos las acusaciones se dirigen a todos los institutos políticos.
Si todos los políticos se consideran demócratas, si todos los partidos aseguran rechazar cualquier práctica antidemocrática, si los gobernantes de cualquier signo partidista presumen haber sido electos de manera democrática, entonces, ¿quiénes llevan a cabo estas irregularidades? Algo no cuadra en estas historias, lo que nos lleva a la pregunta crucial: ¿en qué momento las prácticas democráticas perdieron terreno frente a las autoritarias?
- Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras
There is no ads to display, Please add some
