En Otro Canal: Periodismo en México: morir en el intento

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Por: Armando Reyes Vigueras

El asesinato de tres periodistas en el primer mes de 2022, vuelve a traer a la mesa de discusión la obligación del Estado para velar por la protección de informadores, un debate que ha tenido lugar desde la década de los años 80 del siglo pasado. Al igual que es ese entonces, ahora sigue el gremio a la espera de medidas para poder ejercer el oficio con seguridad y sin que haya impunidad para los agresores.

Profesión en riesgo

El periodismo es una profesión de alto riesgo, no sólo por la posibilidad de recibir una agresión que pudiera terminar en la muerte de alguien, sino porque se desarrolla en condiciones laborales lamentables para una gran cantidad de trabajadores de la información y que se traducen en bajo salarios, nulas prestaciones sociales y falta de capacitación y equipamiento.

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El contexto no puede ser sino preocupante: siguen las agresiones en contra de periodistas, no sólo por parte del crimen organizado, sino también por parte de actores políticos. Ataques constantes desde las cúpulas gubernamentales y partidistas a comunicadores que les resultan incómodos, en las que se les señala por las noticias que difunden y con una competencia de personajes que de manera improvisada buscan más la propaganda que la información, completan el cuadro.

A lo anterior se suma el recorte de publicidad oficial por parte de la actual administración, que ha provocado despidos, cancelación o cierre de ediciones o estaciones, además de recontrataciones con menos sueldo o en peores condiciones.

Así que ser periodista en la época actual en nuestro país es riesgoso y complicado.

La competencia de las redes sociales y el surgimiento de usuarios de las mismas que informan, sin el rigor profesional necesario, ha provocado que las audiencias se fraccionen más y el público se reduzca, lo que repercute en las posibilidades de atraer anunciantes para obtener ingresos, algo que también se ha complicado por la mencionada reducción de publicidad oficial y por la disminución de la privada, algo que con el surgimiento de nuevos medios y la competencia citada líneas arriba, configuran un escenario complicado para ejercer el periodismo.

Pero lo que más preocupa es la impunidad de quienes asesinan periodistas, índice que –de acuerdo a organizaciones como Artículo 19— es de hasta 95%, algo que no ha cambiado a pesar de las protestas de los profesionales de la información.

Matar a un periodista es sencillo y sin consecuencias, como ha sido demostrado con el paso del tiempo, ya sea de parte de un grupo del crimen organizado o por parte de grupos políticos que ven afectados sus intereses.

De esto último, ningún partido se salva, incluso entre quienes prometen que habrá un cambio o juran no ser iguales al resto.

Pese a la enorme cantidad de escuelas que forman periodistas o de medios que se crean cada año, algunos a iniciativa de los propios periodistas, el gremio en nuestro país no parece contar con la fuerza necesaria para modificar la tendencia.

Para los grandes medios, no es un tema de preocupación y para muchos comunicadores, sólo es motivo de protesta cuando algo sucede de manera cercana.

Hay que agregar que desde el poder se ha descalificado a periodistas porque no se someten a los deseos de los gobernantes de turno, lo que ha provocado que también la credibilidad esté en entredicho y se pierda el prestigio que se llegó a tener en el pasado.

Una primera conclusión luego de este recorrido, es que al igual que administraciones anteriores, la actual deja de lado su obligación de garantizar la libertad de expresión de los periodistas.

Otra tiene que ver con el hecho de que no hay una verdadera unión de periodistas o una agrupación que vele por los derechos de los comunicadores, algo que incide en que se tengan, en una gran mayoría de los casos, condiciones de trabajo lamentables.

Y sin un reconocimiento social que ayude en esta defensa, lo más probable es que los asesinatos y las malas condiciones laborales continúen.

@AReyesVigueras


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