176 es el número de escaños necesarios para acceder a la Presidencia de España. El análisis general de los resultados de las votaciones parlamentarias del domingo en ese país destaca la incertidumbre política derivada de la fragmentación electoral que obliga a la alianza de al menos tres fuerzas políticas para conformar el nuevo gobierno. Sin embargo, del lado de la cultura democrática, la vía institucional y del sistema de partidos, las lecciones son aún mayores.
España ve en la democracia el camino de la convivencia pacífica. Durante décadas de confrontación política provocada por una profunda desigualdad interna, la cual originó una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XX, que desembocó en una dura dictadura militar de casi cuatro décadas, a partir de 1977 el sistema electoral ha permitido a los españoles la resolución de conflictos de la pluralidad cultural, social o económica a través de canales formales de conciliación y acuerdo político. Por ello, si bien todo marco legal es perfectible, pocas sociedades en el mundo entienden el valor de las instituciones democráticas como la española.
Lo que en el pasado era resuelto por la vía de la fuerza y la represión, hoy es solucionado por la ley y los votos. El trayecto de España en estas cuatro décadas no ha sido fácil, sin embargo, las amenazas que van desde el terrorismo cuyo rostro más visible fue el de la organización “País Vasco y Libertad” (ETA), los intentos de golpe de Estado a la joven democracia en 1981 y los movimientos de independencia regional observados en meses recientes en Cataluña, hasta los riesgos asociados con la incorporación de España a la Unión Europea, la severa crisis económica y el alto nivel de desempleo estructural que en la actualidad alcanza a alrededor de 22 de cada 100 españoles —tres veces mayor a cualquier país integrante de la OCDE—, son enfrentadas con propuestas programáticas que ganan legitimidad al ser sometidas periódicamente al electorado.
Por otro lado, la experiencia española deja ver la importancia de los partidos en la estabilidad social. Son estos institutos políticos la mejor plataforma de cambio civilizado: agregan intereses colectivos, defienden intereses comunes de manera pacífica, enriquecen el debate público y con su representación parlamentaria o de gobierno toman parte en las definiciones de política pública. En el caso de Podemos es cuestionable la bandera de izquierda que representa, perfil a todas luces ya desgastado en varias de nuestras democracias latinoamericanas, pero canaliza descontento o frustración social respecto de los partidos dominantes tradicionales por cauces institucionales. Países como España dejan ver que son los institutos políticos y no los caudillos independientes, los verdaderos agentes de transformación social.
Asimismo, la virtud del sistema electoral de requerir mayoría absoluta de la cámara para conformar gobierno —más aún en escenarios de representación fragmentada como el obtenido este domingo—, hace que los partidos se vean obligados a moderar sus agendas para facilitar la negociación y, con ello, transitar hacia acuerdos con el mayor respaldo político posible. Dos fueron los partidos con el mayor número de escaños: el Partido Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE). El resultado electoral dejó al PP con apenas 123 de los 176 escaños necesarios. El PSOE con 90 curules ha dado señales de que no pactará con el PP una agenda de gobierno de coalición, al tiempo que busca aliarse con otros institutos políticos más afines, pondría en conflicto ciertos puntos de su agenda programática. ¿Incertidumbre? Sí, pero temporal y enmarcada en certidumbre institucional. La misma ley electoral abre un círculo virtuoso: de no haber acuerdo entre liderazgos partidistas en un término de dos meses, será el elector español quien decida un nuevo balance de representación política que dé entrada a la conformación de gobierno.
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