Las elecciones que cambiaran la mitad del legislativo, la mitad de los gobernadores y el 77% de los alcaldes y tendrá acción en el 90% del territorio nacional el próximo 6 de junio van a modificar la distribución del poder político en la república, pero no tendrán efecto en el poder real que tiene el control de la república: el crimen organizado.
El caso mediático –y no menos social por el tema de las agresiones sexuales– del priísta-perredista-morenista Félix Salgado Macedonio ilustra bastante el escenario ficticio de las elecciones: se privilegia la complicidad política para elegir a un candidato adelantado en las encuestas a pesar de que tuvo una corresponsabilidad política y municipal en el asentamiento de los cárteles en Acapulco y en Guerrero en su periodo 2006-2008.
El debate en torno a Salgado se dio por la presión de organizaciones y protestas femeninas y feministas por los casos judiciales de agresión y violaciones sexuales en su contra, pero sin exigirle cuentas de su papel en la expansión criminal en Guerrero en su gestión municipal.
Y lo más grave aún se localiza en el hecho de que nadie está examinando esos años de consolidación del crimen organizado en Guerrero durante gestiones del PRD ni menos aún sus candidatos han ofrecido algún programa específico para combatir la delincuencia, el tráfico de drogas, la violencia y la criminalidad por sí misma o por efectos de la pobreza.
Cuando menos en diez de los quince estados que elegirán gobernador hay problemas de narcotráfico y crimen organizado, con funcionarios arrestados en México y en EEUU por complicidades criminales: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y salvo declaraciones esporádicas mediáticas de candidatos con tendencias bajas, nadie se ha comprometido a combatir la inseguridad y el crimen organizado y, menos aún, a presentar algún programa coherente y creíble para esos objetivos.
El escenario se complica más cuando se percibe que la ciudadanía está ajena a esa realidad, sabe que los gobernantes estatales, municipales y legislativos nada harán para combatir y no tendrán autoridad y energía soberana para exigirle al gobierno federal mejores resultados y acudirá a las urnas a votar por costumbre, por los regalos o por no dejar.
En este sentido, las elecciones debieran ser una oportunidad de calificación democrática de resultados de gobierno, premiando o castigando a los aspirantes y a sus partidos en temas urgentes y cercanos como pobreza, seguridad, salud y corrupción. La existencia de una ciudadanía pasiva o una masa en condiciones de no-ciudadanía podría ser la evidencia de que la democracia mexicana es inexistente y que los electores carecen de cultura política y de cultura cívica.
No se trataría de un fenómeno nuevo. En realidad, la tendencia de desmovilización ideológica, política y ciudadana de los electores fue operada por el PRI en tiempos no tan lejanos: el voto no fue una calificación social de la gestión de gobierno, sino el apoyo a una burocracia política que representaba una corriente histórica. Antes fue la Revolución Mexicana, después la expectativa panista y hoy quiere ser la mítica Cuarta Transformación de la república.
Si no hay toma de conciencia ciudadana respecto al valor del voto para calificar gestión de gobierno y para condicionar resultados, entonces el país estará condenado a padecer una burocracia sin vigilancia social. La democracia no radica sólo en el derecho a elegir gobernantes sin interferencias autoritarias, sino el ejercicio de la ciudadanía para exigir resultados a los gobernantes o condenarlos a la derrota.
Así que la elección de 2021 se perfila como masiva, pero sin expectativas de que pueda contribuir a seleccionar a gobernantes que ofrezcan programas realistas para salir de las grandes crisis nacionales.
Ley de la Omertá
Aparecido en librerías apenas en 2018, un libro debería de ser dinamizado en el escenario de la lucha por los derechos de las mujeres. Porque no se trata sólo de definir sus derechos, sino de involucrar al varón en el respeto a esos derechos y ahí es donde comienzan los problemas: la educación pública, familiar y de cotidianeidad se basa en roles de reparto de fuerzas, derechos y obligaciones, sometiendo por tradición a la mujer al dominio de los derechos de los varones.
El libro #EllosHablan (Editorial Grijalbo) de Lydia Cacho enfoca el problema feminista desde la educación a los varones. Basada en entrevistas de perfiles masculinos, Cacho recoge testimonio de hombres: cómo se va configurando un modo de ser que llega a convertirse, por la dominación de roles, en una ideología machista discriminatoria. Y por ahí hay que comenzar, no terminar en la calle sólo tumbando vallas, pintando paredes y gritando frustraciones entendibles ante la sordera de el poder como ejercicio masculino de la fuerza de género.
Para entender por qué los hombres en México son machos habrá que ir a su yo interno. Y eso lo logra Cacho.
Zona Zero
· La Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana ha implementado un programa de protección para candidatos en las elecciones de junio próximo. La idea es buena. Pero el problema es que el 90% del territorio nacional está infestado de bandas criminales y el Estado federal no tiene capacidad para retomar el control territorial y expulsar a los delincuentes. En ese sentido, el Estado sólo puede dar apoyo a algunos candidatos en algunas zonas, porque además la Guardia Nacional no tiene ordenes operativas.
· EEUU prepara una estrategia contra las bandas criminales transnacionales que meterá a las agencias estadunidenses, con permisos y registros o sin ellos, en territorio mexicano para desmantelar organizaciones que están aumentando la introducción de droga.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
@carlosramirezh
There is no ads to display, Please add some
