Elecciones, pandemia y presupuesto

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Vivimos tiempos aciagos. Un cóctel molotov compuesto por una pandemia, crisis económica, desempleo y elecciones.

La fórmula para el desastre está presente, sobre todo si tenemos en consideración que hay una autoridad ausente y enfocada en la ejecución de una elección de Estado.

Por si esto fuera poco, se suma la ejecución del presupuesto participativo de la CDMX, el cual, a consecuencia de la pandemia, fue pospuesto desde 2020 y los recursos para los proyectos seleccionados se integrarán a la bolsa presupuestal de las alcaldías, con el potencial uso discrecional y sin supervisión.

Para su implementación, el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Participación Ciudadana y el Decreto de Egresos para posponer por un año su ejecución y para la realización de las consultas a los ciudadanos. Pese a que se tenían que identificar y diferenciar los rubros correspondientes a los montos, en la práctica sólo se hace una referencia superficial para incorporarse al presupuesto de las alcaldías, dejando su uso a discreción.

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En resumen, este año se deben desarrollar mil 763 proyectos de presupuesto participativo de 2020, adicional a los mil 758 que corresponden a 2021; ejerciendo aproximadamente 2 mil 815 millones de pesos, todo en manos de unos alcaldes que tendrán poca vigilancia en su aplicación, muchos de ellos en plena campaña.

Todo ello sin la supervisión de una autoridad electoral y con la plena complicidad del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. El IECM no ha detallado cómo planea auditar que en las elecciones no se haga uso discrecional del presupuesto participativo, y que los alcaldes no condicionen la ejecución de los proyectos a la intención de voto. En las alcaldías, por supuesto, no hay prisa en que estas reglas se afinen.

Asimismo, en cuidado a la salud de los capitalinos, no es posible hacer asambleas presenciales, por lo cual el gobierno debe buscar mecanismos digitales que permitan la participación ciudadana, área en la que la administración de Sheinbaum no ha brillado.

El proceso será sin duda complejo, el IECM debe detallar cómo garantizará que los recursos no sean usados con fines electorales, el gobierno debe desarrollar las herramientas digitales que permitan la participación ciudadana con sana distancia y los alcaldes deben abstenerse de usar políticamente estos proyectos, aspiraciones que suenan difíciles de cumplir.


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