El PVEM: la contumacia ilegal

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Protegido por el duopolio televisivo y por el gobierno de Peña Nieto, instrumento ad hoc para el trabajo sucio de ambos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desafía a las autoridades electorales como nadie lo ha hecho; viola, burla y hace fraude a la ley como en ningún otro momento ha sucedido desde la creación del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Quedan muy atrás de su conducta delictiva los casos “Amigos de Fox” y “Pemexgate”. La suya es una contumacia ilegal e inmoral que permite apreciar lo lejos que nuestro país se encuentra de ser un Estado de Derecho, una democracia que se respete. Muestra la enorme colusión que existe entre televisoras, gobierno y autoridades electorales. Un largo camino todavía por recorrer hacia la institucionalidad democrática y la modernidad política.

El cúmulo de violaciones legales que el Partido Verde ha cometido y su reiteración, sólo lo confirman como un partido canalla. Ya sabemos que nada tiene de ecologista y que la red internacional de partidos verdes en el mundo lo desprecian por ser todo lo contrario a una denominación así; ya sabemos que sirve a los peores intereses del PRI, que hace negocios sucios, que la mayoría de sus dirigentes y legisladores son muchachos sin escrúpulos ni dignidad también lo sabemos, pero que su conducta perniciosa frente a la ley no reciba un castigo ejemplar, es un asunto que no debe ser permitido, porque niega todo avance en la lucha por la equidad y autenticidad de las contiendas electorales.

Se me dirá que es el partido político más sancionado en la actualidad y que lleva 188 millones de pesos en multas. Esa es la gran simulación en la que han caído las autoridades electorales por varias razones, primero porque las multas no han sido las proporcionales a la magnitud y reincidencia de sus violaciones legales, segundo porque se les descontarán mensualmente de su gasto ordinario hasta un máximo del 50% y no de sus prerrogativas de campaña, y tercero, porque la autoridad ha ido sancionando caso por caso al Partido Verde, como si fueran aislados sus actos y no un plan permanente, sistemático, de violación a las normas; una maquinación que se concatena, se entrelaza en tiempos y formas.

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Además, ya está a la vista que para el Verde las sanciones económicas no son disuasivas; son tan poco partido y tan pobre ideológicamente que sólo dinero tienen. Lo más deplorable es que muchos de esos recursos son públicos, y le ha salido redituable violar la ley con cargo al erario, pues no se los descuenta todo de un sólo golpe. “Viole ahora, pague después”; “Viole ahora; veremos si las urnas castigan”, “viola la ley para conseguir votos, sólo cuida que no sea extremo”.

Por eso estoy de acuerdo con quienes han solicitado al INE el pasado 29 de abril, a partir del derecho ciudadano de petición, la cancelación o el retiro del registro al Partido Verde Ecologista de México. Lo contempla la legislación electoral vigente y se lo faculta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para decidir. Sería la única forma posible de reinvindicar la pisoteada legislación electoral y tratar de resarcir los daños ocasionados a la equidad de la contienda, algunos de ellos ya irreparables.

La petición ha sido trazada en sus argumentos, exposición de hechos y ofrecimiento de pruebas por personalidades de gran prestigio y conocimiento de la materia electoral; están ahí en la primera fila de un macizo documento que desglosa las faltas y sus consecuencias, Alfredo Figueroa Fernández ( el mejor consejero electoral que ha tenido el país en muchos años), Eduardo Huchim, Sergio Aguayo, Luis González Plascencia, Martha Tagle, Aleida Calleja, Denise Dresser, Alfredo Lecona, Mony De Swaan Addati, María Esther Azuela, entre otros. Subido el planteamiento a la petición que ya había iniciado María Santos en la plataforma change.org la adhesión no se hizo esperar, en treinta días ha conseguido 150,000 firmas y entre ellas se localizan también investigadores, activistas, comunicadores y líderes de opinión de las más variadas corrientes. Es un clamor que atraviesa a muchos sectores y una exigencia social bastante robusta como para tildarla de “tribuna estridente”, como desafortunadamente la calificó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

He sumado mi firma en la dirección http://chn.ge/1ECWlgQ y estoy decidido a respaldar el planteamiento en los ámbitos de mi desempeño público, partícularmente como representante del Poder Legislativo en el Consejo General del INE por parte del PAN. El conjunto de actos ilegales y de corrupción  cometidos desde septiembre de 2014 hasta la fecha por parte del Partido Verde lo descalifican de la contienda, porque violenta los objetivos para los que se constituyen los partidos, las reglas del juego democrático establecidos en la ley, y pone en riesgo la estabilidad política en el país al introducir el mayor elemento de inequidad en términos de la integración de la proxima legislatura federal en la Camara de los Diputados. Se ha hecho de ventajas a la mala, provocando y llevando su apuesta de impunidad hasta el grado de exhibir la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Porque el Partido Verde se siente respaldado no sólo por Tv Azteca y Televisa, a quien ha conferido la mayoría de sus curules y escaños en el Congreso de la Unión; sabe de la protección del Tribunal que ya en otra temporada de trampas le condonó multas por más de 200 millones de pesos. En esto basa su contumacia ilegal, su frío y doloso cálculo de violar grave y sistematicamente la ley.

La propia Sala Superior del TEPJF lo ha tenido que reconocer así: “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”

Las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro son :

1.- Uso de recursos públicos y privados ilegales.

2.- Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal;

3.-Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales;

4.- Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país;

5.- Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país;

6.- Propaganda ilegal en tortillerías;

7.- Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa;

8.- Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento (tarjetas PLATINO) que contravienen las disposiciones electorales;

9.- Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país;

10.- Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse;

11.- Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse;

12.- Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley;

13.- Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda;

14.- Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

Son absolutamente pertinentes las preguntas que lanzan los peticionarios de #QuitenRegistroAlVerde, en la plataforma change.org : ¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en la competencia electoral si desde antes del inicio de la campaña electoral, el Partido Verde ha atentado de forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?

La tibieza con la que se han conducido las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que, de facto, se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la vida democrática.

“Quienes impulsamos esta petición no pretendemos apoyar o perjudicar a partido político alguno. Queremos defender el proceso de cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del Estado mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la impunidad es indispensable”.

“Permitir que las y los candidatos del PVEM por la vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción, ahondando en la crisis de confianza que vive la República”.

“Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo”.

Hay quienes sostienen que la mayor sanción que pueda recibir el Partido Verde debe ser en las urnas, y que los ciudadanos debieran ser los que le cancelen el registro. Es tan irresponsable el planteamiento que de no ser porque identifico entre esas voces a personajes genuinos, pensaría que el propio partido Verde les ha puesto en la pluma una buena dosis de su tinta.  Ahora resulta que los ciudadanos deben ser no sólo electores, sino también jueces. ¿Y entonces para qué la ley contempló el supuesto de la pérdida del registro a un partido por “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral?, porque así lo expresa el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos.

En esto es imbatible Alfredo Figueroa: “El derecho a votar consiste en la libertad de hacerlo por opciones legales, a partir de la existencia de procesos electorales válidos, auténticos y equitativos, en el que sea posible que cada ciudadana y ciudadano valore en libertad la oferta política disponible, sus plataformas, sus ideales, a los y las candidatas que postula, su capacidad en el ejercicio del poder público. La determinación respecto de la legalidad o no de las distintas opciones políticas, así como de las consecuencias que, en su caso, deben derivar de conductas y acciones ilegales de un contendiente corresponde al Estado, no a la ciudadanía. Lo contrario implicaría pretender dejar en manos de los ciudadanos los mecanismos de acceso a la justicia o que éstos hicieran justicia por sí mismos, en contravención a lo previsto en el primer párrafo del artículo 17 constitucional”.

La pérdida de registro por no obtener el 3% de la votación válida emitida es una opción legal y posible, si deriva de que un determinado partido político no cuenta con una preferencia electoral mayor por parte de la ciudadanía, pero no puede concebirse como un mecanismo por el que los ciudadanos sustituyan las obligaciones constitucionales y legales que tienen las autoridades electorales. Es hora de una sanción ejemplar quitándole el registro al Verde. También servirá saber hasta se entrelazan los vínculos de la complicidad en este caso.


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