La renuncia de Guadalupe Taddei, que presentará formalmente este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, abre una pregunta más amplia que el destino de una persona: cuánta confianza conserva el INE para organizar la elección de 2027. La respuesta depende de datos que todavía no existen, y conviene separar lo que se sabe de lo que se teme.
El punto de partida no era malo. Según una columna de opinión que cita al Latinobarómetro 2026, 53 por ciento de los consultados en México confía en la autoridad electoral, el segundo porcentaje más alto entre los países medidos. Es una medición previa al escándalo, de modo que no captura el efecto de los reportajes, de la investigación de la ASF ni de la renuncia. El INE llega a esta crisis con una reserva de credibilidad, y la pregunta es cuánto de ella se ha consumido. Hará falta una encuesta posterior para saberlo.
Lo que sí se observa es una convergencia inusual de exigencias. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó su permanencia de insostenible. El dirigente del PAN, Jorge Romero, advirtió que la pérdida de confianza en el árbitro podía generar dudas sobre la organización de 2027. Y legisladores de Morena también pidieron su salida, con el argumento de que no se puede entrar al proceso con tantas dudas sobre el árbitro. Que oposición y oficialismo coincidan indica el tamaño del costo, aunque sus motivos difieran: unos temen que se favorezca al partido gobernante y otros buscan proteger la legitimidad del proceso. El Observatorio Permanente de Integridad Electoral sostuvo que Taddei es la principal responsable de la crisis de confianza, sin importar lo que determinen las investigaciones, pero que su salida tendría consecuencias.
El primer riesgo es la división interna. Un análisis citado por la prensa identificó, entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2026, 58 votaciones divididas en el Consejo General y el rechazo de 20 proyectos, con diferencias entre bloques de consejerías. Esa fractura se agrava ahora con una prueba inmediata: los diez consejeros deberán elegir entre ellos a un presidente provisional. Un acuerdo rápido enviaría una señal de cohesión; una elección disputada alimentaría la imagen de un órgano partido. Después viene el relevo definitivo. La Cámara iniciará el proceso y, según Ricardo Monreal, ninguno de los consejeros actuales podrá participar. La designación requiere dos terceras partes de los diputados presentes, lo que exige acuerdos, pero el calendario y el comité evaluador quedan en manos de la Cámara, un hecho que los críticos observarán con lupa.
El segundo riesgo es la sospecha de parcialidad. Tu planteamiento señala que el INE no ha investigado las campañas adelantadas de Morena con el nombramiento de coordinadores. Los hechos matizan esa afirmación sin desmentirla. Morena, el PT y el Verde definieron coordinadores en estados como Sinaloa, Querétaro, Colima, Campeche y Aguascalientes, y Morena suma ya diez entidades. Movimiento Ciudadano presentó una queja el 17 de septiembre y el PRI otra, en la que pidió medidas cautelares. No encontré resolución sobre ellas. Pero hay un antecedente que cambia la lectura: el Tribunal Electoral validó que el INE no investigara el anuncio del proceso en la sesión del Consejo Nacional de Morena, por tratarse de un evento partidista, con un magistrado en minoría. Es decir, la inacción no fue solo una decisión del Instituto, sino un criterio respaldado por la Sala Superior, aunque la queja actual es distinta y sigue abierta.
Aquí conviene prudencia. La sospecha de que la presidencia respondía a intereses partidistas es una hipótesis, no un hallazgo probado, y las investigaciones sobre contratos son otra materia que las quejas por actos anticipados. Pero la política no distingue: ambos temas se sumarán en la narrativa de que el árbitro no es neutral. Por eso la renuncia no basta. La confianza se reconstruye resolviendo en tiempo y con argumentos públicos las quejas pendientes, publicando los resultados de la ASF y la UIF y eligiendo un relevo con trayectoria verificable.
El escenario más probable no es el colapso, porque el aparato técnico del INE sigue operando y el proceso electoral, iniciado el 10 de septiembre, continúa según lo previsto. El riesgo real es una elección donde cada decisión del Consejo General sea leída con desconfianza por alguno de los bloques. En una contienda con 17 gubernaturas en juego, esa desconfianza basta para multiplicar las impugnaciones. La renuncia cierra un capítulo, pero la credibilidad del árbitro se juega en los próximos meses.
