El secretario de la Función Pública da entrevistas desde su nueva oficina. Las escenas son maravillosas estampas del absurdo de su cometido. La oficina que ocupa es, en realidad, una institución en ruinas. No existe. Virgilio Andrade es titular de una Secretaría fantasmal. Ha sido borrada de la Ley de la Administración Pública federal pero sobrevive al no haber sido creado aún el órgano autónomo que la reemplace. Una institución tocada de muerte que es revivida para beneficio de la imagen presidencial. Ha recibido una encomienda imposible: investigar a su jefe y a un amigo suyo. Lo hará, ya lo ha dicho, sin instrumentos legales para analizar el probable conflicto de interés. No podrá examinar los contratos que permitieron a la familia presidencial hacerse de la propiedad de un contratista del gobierno ni analizar el convenio con el que el secretario de Hacienda hizo lo mismo, gozando además de una tasa de interés sospechosamente generosa.
La investigación, por supuesto, no correspondía en principio al Ejecutivo bajo sospecha sino al Congreso. Si la decisión presidencial es criticable lo es más que las oposiciones no hayan cumplido su responsabilidad de investigar al Presidente y a su gurú económico. Se entiende que el interés del Presidente sea mejorar su imagen, no rendir cuentas. Entiende que la credibilidad de su gobierno está hecha polvo. No solamente la de aquí sino la de fuera. Si antes la prensa internacional lo veía como un astuto reformador, hoy lo retrata en más o menos palabras, como un corrupto. Sus decisiones recientes han querido detener el desplome de su imagen pública. Anunció algunas cosas positivas.
Agregar la declaración de intereses a la declaración patrimonial que hacen anualmente los funcionarios públicos parece una medida valiosa aunque no es claro si el Presidente propone que esa declaración sea pública o no… Lo que parece sorprendente es que los estrategas del Presidente hayan creído que la investigación que propone puede ayudarle a restablecer su credibilidad. ¿Qué confianza puede generar una investigación a cargo de un subalterno? ¿Cómo es posible que un funcionario acepte investigar a un amigo suyo? Brillante idea: para investigar el conflicto de interés, una investigación con conflicto de interés.
La decisión de encargarle al nuevo secretario de la Función Pública la investigación del posible conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda no es una medida incompleta, limitada o tímida. Es, digámoslo con claridad, un insulto. Es una ofensa a la ciudadanía creer que una farsa puede restablecer la credibilidad de un gobierno en entredicho. "Esta página no cambia el capítulo", decía hace unos días Mauricio Merino, "por el contrario, añade razones para indignarse". ¿Cree el equipo presidencial que la ciudadanía puede recuperar confianza a partir de lo que diga el subordinado? Investigará al Presidente y al secretario de Hacienda un integrante del equipo cercano del Presidente. Un militante del partido del Presidente que llegó a formar parte del equipo de transición. Un amigo personal -por si hubiera que agregar ingredientes a la sospecha- del secretario de Hacienda. Naturalmente, no cuestiono el partidismo del ciudadano. Advierto simplemente que su parcialidad lo invalida para el encargo que ha recibido. Nadie que no sea un ente independiente tendría la autoridad para revisar las cuestionables operaciones inmobiliarias del Presidente y su ministro de Finanzas. Las poquísimas expectativas que pudo haber generado el anuncio presidencial han quedado ya anuladas por las clarificaciones del propio secretario. Encabezará una comisión sin dientes, sin brazos y sin ojos. Su reporte final tendrá la autoridad de su manifiesta parcialidad. De su jefe ha recibido ya una instrucción: hay conflictos de interés reales, potenciales y aparentes. Lo que hizo el señor Presidente fue algo bueno que pareció malo.
Lo que resulta más inquietante del insulto de esta investigación dependiente es la cerrazón que demuestra. Nunca como ahora es tan clara la estrechísima cápsula que envuelve a la Presidencia. En momentos críticos, el gobierno mexicano ha sabido abrirse a la independencia para refrescar su legitimidad. Lo hizo al formar la Comisión de Derechos Humanos, al formar el IFE, al incorporar a defensores de causas públicas a sus filas. El descrédito ha llamado a la flexibilidad y la audacia. Ahora recurre solamente a los suyos. El gobierno de Peña Nieto no es capaz de convocar a personajes independientes para encabezar una comisión autónoma y creíble. Confía solo en los suyos y los suyos son cada vez menos confiables.
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