-
Culiacán, Sinaloa: La guerra interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de «Los Chapitos» y los seguidores de Ismael «El Mayo» Zambada, intensificada desde septiembre de 2024, ha continuado en 2025. En octubre de 2024, se reportaron al menos 14 homicidios en un solo día en Culiacán, incluyendo ejecuciones públicas como la de cinco hombres encontrados maniatados cerca de un parque acuático. Esta violencia ha persistido, con enfrentamientos armados que han dejado decenas de muertos en los primeros meses del nuevo sexenio.
-
Guanajuato: Este estado, un foco de violencia por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, sigue registrando altas tasas de homicidios. En noviembre de 2024, se reportaron masacres como la de 9 personas en Celaya, vinculada al control del robo de combustible y el narcomenudeo. Los datos preliminares sugieren que la tendencia no ha cambiado significativamente en 2025.
-
Chiapas: La frontera con Guatemala sigue siendo un punto crítico por el tráfico de migrantes, drogas y armas. En octubre de 2024, una masacre de 19 migrantes en Tapachula destacó la vulnerabilidad de este grupo ante los cárteles. Además, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en regiones como Pantelhó y Chenalhó ha aumentado en 2025, con reportes de miles de personas huyendo por enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
-
Michoacán: La extorsión a productores agrícolas, como los limoneros en Tierra Caliente, ha persistido. En septiembre de 2024, el asesinato del empresario José Luis Aguiñaga en Buenavista desató protestas y un paro de citricultores, un problema que no muestra signos de resolverse en 2025. Además, los ataques con drones por parte de grupos como Los Viagras han afectado a civiles y autodefensas.
-
Estabilización sin reducción significativa: Los homicidios y actos violentos contra la población no han escalado como en los picos de 2018-2019, pero tampoco han disminuido notablemente. La estrategia de Sheinbaum, que enfatiza la inteligencia y la contención, parece mantener el statu quo heredado, sin avances claros en desarticular a los cárteles.
-
Concentración geográfica: La violencia sigue focalizada en estados clave (Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Michoacán), lo que sugiere que las disputas territoriales y las economías ilícitas (narcotráfico, huachicol, extorsión) continúan siendo los motores principales.
-
Impacto en la población: Los desplazamientos y la violencia directa contra civiles, como masacres y extorsiones, reflejan que el crimen organizado mantiene su capacidad de intimidación y control social.
En México, la responsabilidad de garantizar la seguridad pública, incluyendo la protección contra actos violentos cometidos por el crimen organizado, recae principalmente en el Gobierno Federal, a través de diversas instituciones, así como en los gobiernos estatales y municipales, dependiendo del ámbito de competencia. La división de responsabilidades está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 21, 115 y 124, y se complementa con leyes como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A nivel federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la entidad encargada de coordinar las políticas de seguridad pública. Desde 2019, la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad con carácter civil pero integrada por elementos provenientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, tiene un rol clave en el combate al crimen organizado y la protección de la ciudadanía. Esta institución trabaja bajo el mando de la SSPC y se despliega en todo el territorio nacional para enfrentar delitos de alto impacto, como los relacionados con el narcotráfico, extorsión y homicidios.
Además, las Fuerzas Armadas (el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México) han desempeñado un papel importante en tareas de seguridad pública, especialmente en regiones con alta presencia de cárteles, aunque su participación ha sido objeto de debate sobre su carácter temporal y su alineación con funciones civiles.
A nivel estatal, los gobiernos de los estados son responsables de la seguridad pública a través de sus policías estatales, mientras que los municipios cuentan con policías preventivas para atender delitos menores y mantener el orden local. Sin embargo, en casos de crimen organizado, que suelen rebasar las capacidades locales, la intervención federal es crucial, ya sea mediante la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación de delitos federales, o las Fuerzas Armadas en operativos específicos.
En México, la seguridad pública es una función compartida entre las autoridades federales, estatales y municipales, según lo establecido en los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, cuando se trata de actos violentos cometidos por el crimen organizado, la responsabilidad principal recae sobre las siguientes instituciones:
Gobierno Federal
– Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC):
Es la dependencia federal encargada de coordinar las estrategias nacionales de seguridad pública. Supervisa a las fuerzas federales, como la Guardia Nacional y la Policía Federal, para combatir el crimen organizado.
– Fiscalía General de la República (FGR):
Es la institución responsable de investigar y perseguir delitos federales, incluidos los relacionados con el crimen organizado, como el narcotráfico, secuestros y extorsión.
– Guardia Nacional:
Creada en 2019, esta corporación tiene como objetivo garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional, especialmente en regiones afectadas por la violencia del crimen organizado.
Gobiernos Estatales
– Las entidades federativas tienen competencia para mantener la seguridad pública dentro de su territorio mediante sus propias policías estatales y fiscalías estatales. Estas instituciones colaboran con las autoridades federales en casos que involucren al crimen organizado.
Municipios
– Los ayuntamientos son responsables de las **policías municipales**, cuya función principal es garantizar la seguridad en las comunidades locales. Sin embargo, debido a limitaciones de recursos y capacidad, su intervención directa frente al crimen organizado suele ser limitada.
Coordinación entre Autoridades
La lucha contra el crimen organizado requiere una **coordinación interinstitucional** entre los tres niveles de gobierno. La SSPC y la FGR juegan un papel central en la planeación estratégica y operativa, mientras que las policías estatales y municipales proporcionan apoyo en el ámbito local.
Desafíos
A pesar de los esfuerzos, existen desafíos significativos, como:
– La corrupción dentro de las instituciones de seguridad.
– La falta de capacitación y equipamiento adecuado en algunas corporaciones.
– La infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
Por ello, la implementación de políticas integrales y la mejora de la coordinación entre autoridades siguen siendo prioridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Conclusión
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) son las principales autoridades federales responsables de garantizar la seguridad pública frente al crimen organizado en México. Sin embargo, el éxito en este ámbito depende de la cooperación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
En resumen, la autoridad principal para enfrentar la violencia del crimen organizado es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades estatales, dependiendo de la magnitud y jurisdicción del problema.
Ahora bien, con base en la información anterior, ¿a qué hora debemos empezar a exigir que estas autoridades cumplan su obligación?
There is no ads to display, Please add some
