Migrar es un derecho humano, y esto es algo que nunca deberíamos olvidar. Que alguien busque mejores oportunidades para su desarrollo personal o laboral, o simplemente quiera salir de los lugares donde la pobreza extrema o la inseguridad, o ambas, prácticamente no dejan vivir, es algo absolutamente legítimo, razonable y deseable.
La imposición de cualquier requisito a la inmigración por parte de los gobiernos de los distintos países del mundo, debería considerar siempre estos hechos que son parte de la realidad humana, y por lo tanto, ser mucho más flexibles de lo que han sido hasta ahora.
Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Ante la ilegalidad en la que suelen colocarse las personas migrantes, los gobiernos tienden a pisotear los derechos de estas personas, y a violentar su integridad y dignidad mediante la persecución y toda suerte de tratos crueles, humillantes, discriminantes e inhumanos.
Tragedias como la que ocurrió la semana pasada en San Antonio, Texas, en donde fallecieron 53 personas encerradas en la caja de un tráiler, o las que han ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 9 de diciembre pasado, en el que 55 personas migrantes que se escondían en la caja de un camión, resultaron muertas al volcarse el mismo por exceso de velocidad, y otra más esta misma semana en la que 10 migrantes resultaron heridos, incluidos dos niños, al volcar la camioneta en la que huían de la Guardia Nacional, podrían evitarse con políticas públicas más humanas y empáticas con la situación de grave vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio un paso importante al declarar inconstitucional la figura de la “revisión migratoria”. Ahora la corresponde al Congreso de la Unión, modificar la Ley de Migración y eliminar los artículos 97 y 98 que le dan sustento legal.
Recordemos que la ley contempla tres figuras para la vigilancia migratoria. Una es el “control migratorio” que consiste en la facultad del Instituto Nacional de Migración, de disponer filtros migratorios en los lugares de tránsito internacional para comprobar la nacionalidad mexicana o la condición migratoria regular de personas extranjeras, al momento de su internamiento al territorio nacional por vías terrestres, aéreas o marítimas, es decir, se trata de filtros que solo pueden instalarse en puntos de internamiento al territorio nacional. La segunda figura es la “verificación migratoria”, que consiste en la facultad de la autoridad para practicar visitas domiciliarias a personas residentes extranjeras, a efecto de comprobar su estatus migratorio regular, o en su caso, proceder a su regularización o deportación, sea porque se excedieron en el tiempo de estancia que se les había autorizado, o porque han violado en algún sentido las reglas de su estadía en nuestro país. Y la tercera figura es justamente la que ha sido declarada inconstitucional, la “revisión migratoria”, que es la que permite a la autoridad apostar retenes o filtros migratorios en cualquier lugar del territorio nacional para realizar revisiones aleatorias con el propósito de detectar a personas extranjeras en situación migratoria irregular. El problema está en que, en dichos puntos de revisión los agentes utilizan como parámetros para decidir a quién exigir documentación comprobatoria de su nacionalidad mexicana o de su condición regular de migrantes, aspectos tales como el fenotipo, es decir, la forma de hablar, la apariencia física, el color de la piel, el idioma, etc, todas ellas categorías sospechosas a partir de las cuales se detienen personas por “no parecer mexicanas”, lo que de entrada viola derechos humanos, pero lo mas grave es que, sabedores de la existencia de este tipo de retenes, los migrantes se ven obligados a ocultarse en los lugares más peligrosos durante todo su trasiego, lo que detona estas tragedias que cada vez son más frecuentes.
Por otro lado, la persecución constante y la consecuente dificultad de transitar por el territorio nacional, encarece el “servicio” de los llamados “polleros”, quienes cobran hasta 5 mil dólares por persona en tratándose de mexicanos, y alrededor de 4 mil dólares a los centroamericanos, lo que se ha constituido en un negocio criminal de 12 mil millones de pesos anuales.
Eliminar la figura de la revisión migratoria puede ser un primer e importante paso, para dotar de un cariz más humano el tratamiento que damos a la migración, reducir los incidentes trágicos, proteger los derechos humanos y combatir las redes de trata de personas. El Congreso tiene la palabra.
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