El crimen de la Narvarte y el desamparo de los periodistas

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Las autoridades están obligadas a agotar todos los recursos y las líneas de investigación posibles.

Aunque son muchas las voces que apuntan hacia el gobierno de Veracruz por el artero homicidio de 5 personas el pasado viernes en un departamento de la colonia Narvarte, entre las que se encontraban la activista Nadia Vera y el reportero gráfico de la revista Proceso Rubén Espinosa, conforme va fluyendo la información me surgen más dudas sobre el móvil del crimen.

En un primer momento la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal señaló que una de las posibles causas era el robo por la desaparición de carteras e identificaciones, lo que aparentemente se ha ido diluyendo ante el nivel de violencia que se registró (signos de tortura, violación, tiros de gracia), y que presumiblemente una de las víctimas conocía a los homicidas.

Otra línea de investigación es el feminicidio pues además de que 4 de las víctimas son mujeres, de acuerdo con algunas versiones el principal blanco pudo ser una colombiana de 29 años que tenía unas cuantas semanas viviendo en ese departamento, ya que era “amiga” de los tres hombres que captaron las cámaras de seguridad saliendo del edificio y fue con quien más se ensañaron los asesinos. Coincido con quienes han opinado que de confirmarse estos datos, es difícil pensar en un crimen de naturaleza política.

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Sin embargo, no puede pasarse por alto que por sus posiciones críticas, dos de las víctimas fueron amenazadas ni mas ni menos que en Veracruz -que por los asesinatos y agresiones que se han cometido es considerado como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y también de mucho riesgo para los activistas sociales- lo que los obligó a salir huyendo del estado como se acredita en diversas entrevistas, videos y testimonios de organizaciones como Artículo 19 o de sus mismos compañeros.

Con estos antecedentes y al tratarse de un crimen de alto impacto, las autoridades están obligadas a agotar todos los recursos y las líneas de investigación posibles, sin sesgos o consideraciones políticas, incluyendo desde luego -aunque inexplicablemente han evitado mencionarla en forma expresa- la del delito contra la libertad de expresión. La exigencia ciudadana es muy clara y por tanto los resultados deben ser contundentes para que no haya asomo de duda: Conocer que pasó, cuál fue la causa y quienes son los responsables.

Independientemente del móvil del multihomicidio que, insisto, tiene que ser esclarecido a la brevedad, habría que preguntarnos: ¿Por qué Nadia Vera y sobre todo Rubén Espinosa no contaban con medidas de protección siendo que existían elementos suficientes para considerar que estaban en riesgo?

Se supone que precisamente para ello se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que contempla un mecanismo de protección que por lo visto no cumple con su objetivo, al igual que en el caso de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR cuya actuación deja mucho que desear.

Esta es una muestra más de la grave situación en que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país, y en particular en algunas entidades como Veracruz. Lamentablemente en el desempeño de su imprescindible actividad, muchas veces tienen que enfrentar por igual a la delincuencia organizada que a agentes gubernamentales en total desamparo.

Los hechos hablan por sí mismos y la realidad es que la respuesta de las instituciones del estado mexicano ha sido muy pobre, lo que también las hace responsables.

¡Justicia para los 5 y condiciones dignas para el ejercicio del periodismo!


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