Y hasta con la inacción del poder de las instituciones armadas.
Las libertades con las que cuentan, hoy más que nunca, los grupos delincuenciales en México, ha permitido en los últimos tres años que esos grupos se intercalen en el tejido social en el que hasta hace poco tiempo tenían poca cabida, al menos no tan amplia, y adueñarse de la vida diaria de los ciudadanos para incrementar sus “operaciones comerciales”.
Lo anterior de manera semejante al modo como se coló la mafia a los negocios lícitos en los Estado Unidos pero, en el caso de México, sin la intervención de las autoridades encargadas de la seguridad pública y protegidas por el propio gobierno, y no sólo por aquello de “los abrazos y no balazos”, sino por algunas empresas que sirven de tapadera, obligada a punta de amenazas, balazos y pago de piso para que participen en operaciones tan ilegales como el lavado de dinero que protegen los cimientos económicos fundamentales para el progreso y la acción de las organizaciones criminales.
Como se señalaba en el artículo de “Abrazos y no balazos” la investigadora Vanda Falbab-Brown, del Instituto Brookings, señaló hace tres o cuatro semanas en entrevista para El País (16 a 23 de mayo del 2022), que el vínculo entre el tráfico de drogas y especies en México es cada día más estrecho: “Los pescadores furtivos y tala-montes son obligados a trabajar para el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación que les pagan con metanfetaminas o fentanilo” y los obligan a vender esas drogas en sus propias comunidades.
Ya no sólo son cooptadas las empresas pesqueras del Pacífico y en alguna medida las del Golfo de México, sino en operaciones que abarcan desde el control de las ventas del limón, aguacate y maderas preciosas, sino de empresas farmacéuticas y laboratorios, y hasta pequeñas farmacias y distribuidoras de medicamentos, además del aumento de extorsiones a empresas comerciales de todo tipo y al cobro de piso en mercados públicos y a cualquiera establecimiento que consideren rentable para sus propios negocios.
Con lo anterior se observa una penetración muy preocupante en mecanismos fundamentales para el control social y político de la población en materia económica y política que irá creciendo conforme avance el sexenio y aún más si Morena alcanza la presidencia en el 2024.
Lo anterior representa que, en términos económicos, el dominio de las bandas criminales ha ampliado de manera muy significativa sus posibilidades de crecimiento y, si antes ya tenían manga ancha dado el número de delitos que se denuncian y el pobrísimo porcentaje en que eran castigados, menos del 5 %, ahora, aprovechando el beneplácito de la presidencia de la República, están en la posibilidad, cada vez más plena, de convertir a este país en un estado dominado por el crimen organizado o, si se prefiere la expresión, en un narco-estado, con las consecuencias que ya estamos viviendo, por lo pronto con 126 mil asesinados en poco más de tres años.
Y como una excepción, no en la CDMX, en esta entidad fueron aprendidos por la policía de la capital hace unos días 10 integrantes del cartel de Sinaloa que pretendían establecer como base de sus operaciones el pueblo de Topilejo, a la salida de Cuernavaca Morelos. Al respecto, es importante destacar este hecho, en primera instancia, por la eficacia y eficiencia del jefe de esa policía Omar Harfush, cuya actuación ejemplar ha sido destacada en la protección de los capitalinos.
Pero, en segunda instancia, el intento de los narco-criminales para establecerse en un mercado tan amplio como el Área Metropolitana de la ciudad más grande del país, en la que se estima existen más de 10 mil puntos de venta de narco-menudistas desde hace ya más de una década.
Lo peor es el arraigo del crimen como una especie de fenómeno natural, como una especie de epidemia para la que no existen vacunas y ahora tampoco la cirugía representada por las fuerzas del orden público, ahora maniatada por el mismísimo Ejecutivo Federal.
El crimen cometido contra los padres jesuitas en la Tarahumara, uno de los cuales había bautizado a su asesino, denuncia el nivel de criminalidad cotidiana, y de costumbre y familiaridad a la que ya estamos llegando y, lo peor, acostumbrando.
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