En un contexto marcado por la lucha contra la inseguridad, el delito de extorsión en México ha mostrado cifras alarmantes durante los últimos años. Según datos presentados por TResearch en su informe «La Guerra en Números: Extorsiones en México», este delito no solo se mantiene como una de las principales preocupaciones para la población, sino que también evidencia una tendencia al alza en lo que va del sexenio de la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.
Durante febrero de 2025, se registraron 1,022 denuncias por extorsión, el valor más alto para un mes de febrero desde que se tiene registro. Este incremento histórico refleja un fenómeno preocupante: las extorsiones no solo persisten, sino que están escalando en número. En los primeros cinco meses del gobierno de Sheinbaum, se han registrado 4,648 denuncias por este delito a nivel nacional, un dato que ilustra la magnitud del problema. Además, el acumulado de casos en enero y febrero de 2025 alcanzó los 1,945, superando en un 9% el mismo periodo del año anterior. Estas cifras sugieren que, si la tendencia continúa, 2025 podría cerrar con un nuevo récord anual de extorsiones.
El análisis histórico permite contextualizar aún más este fenómeno. Desde 2015, las extorsiones han mostrado una tendencia fluctuante pero generalmente ascendente. Por ejemplo, en 2015 se registraron 6,223 casos, mientras que en 2024 esta cifra aumentó a 10,869 denuncias. Aunque hubo algunos años con ligeros descensos, el panorama general es claro: las extorsiones son un problema estructural que afecta profundamente la vida cotidiana de los mexicanos.
Por entidad federativa, los estados más afectados en lo que va del sexenio de Sheinbaum son el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León, que concentran el mayor número de casos. Esto coincide con las tendencias observadas durante el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde el Estado de México, Veracruz y Jalisco lideraron las estadísticas de extorsiones, con un total acumulado de 57,510 casos entre 2018 y 2024, equivalente a una extorsión por hora.
Las implicaciones de este delito son profundas y multifacéticas. No solo representa una amenaza directa a la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, sino que también debilita la confianza en las instituciones públicas. Las extorsiones suelen estar vinculadas a estructuras criminales organizadas que operan tanto a nivel local como transnacional, lo que complica aún más su combate. Además, la percepción de impunidad contribuye a perpetuar este ciclo de violencia, ya que muchas víctimas optan por no denunciar debido al temor a represalias o a la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades.
El informe de TResearch destaca que este problema no es exclusivo de ciertas regiones o grupos sociales, sino que afecta a todos los niveles de la sociedad. Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas, nadie está exento de ser blanco de estas prácticas delictivas. En muchos casos, las extorsiones se presentan bajo la modalidad de cobros forzosos realizados mediante amenazas telefónicas, mensajes de texto o incluso el uso de redes sociales, lo que refleja la adaptabilidad de las organizaciones criminales a las nuevas tecnologías.
Frente a este escenario, surge la pregunta inevitable: ¿qué se está haciendo para combatir este flagelo? Aunque el gobierno federal ha implementado diversas estrategias de seguridad, los resultados parecen insuficientes para revertir la tendencia. Es necesario fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, garantizar mecanismos efectivos de protección para las víctimas.
En conclusión, el delito de extorsión en México sigue siendo una problemática grave que requiere atención prioritaria. Los datos presentados por TResearch no solo evidencian un aumento preocupante en las cifras, sino que también subrayan la necesidad de políticas públicas más efectivas y un compromiso firme por parte de las autoridades para enfrentar este desafío. Mientras tanto, miles de mexicanos siguen viviendo bajo la sombra de la inseguridad, pagando un alto precio por un problema que parece lejos de resolverse.
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