Al cumplirse exactamente hoy dos años de que Enrique Peña Nieto protestara como Presidente de la República y con él regresara el PRI a gobernar el país, los ciudadanos pueden hacer una evaluación de lo que se ha logrado y lo que sigue pendiente en este primer tercio del gobierno federal.
Por lo regular, los dos primeros años de una administración nueva (cuando los periodos de gobierno duran seis años como en México) son los que se dedican a sentar las bases para el desarrollo, el crecimiento, la infraestructura y es el inicio de todas las grandes obras que, al final del sexenio terminará inaugurando un mandatario; sin embargo, aquí parece no ser así.
El juicio de un político, integrante de un partido de oposición no es el más objetivo, eso es de reconocerse, puede ser incluso más severo, pero no por ello deja de ser cierto. Aquí es donde la ciudadanía juega un papel fundamental. Es el propio ciudadano quien puede revisar sus finanzas, sus ahorros, sus deudas, su vida familiar, en su comunidad, en la escuela, con sus vecinos y en la calle o en el trabajo, si es que cuenta con él.
Creo que podemos coincidir en términos generales en que contamos con un país peor que hace dos años, con una sociedad insatisfecha en sus necesidades, sin una mejora notable en sus servicios, sin un compromiso real de parte de sus gobernantes por la honestidad, la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos. Son muchas las áreas qué valorar, de la economía al desarrollo social; del deporte a la cultura; de la infraestructura, al manejo óptimo del dinero público; de la honestidad y transparencia a la rendición de cuentas.
Como legisladores escuchamos la opinión de la ciudadanía. Cada municipio que visitamos, en nuestra entidad, los reclamos y las quejas son muy similares: no hay seguridad, no hay apoyos suficientes para las familias, los servicios son deficientes, la inflación sigue a la alza, no hay empleo y menos suficiente educación ni de calidad, no hay incentivos de crecimiento y menos, todavía, servicios de salud públicos que básicos o de calidad mínima.
Las cuentas que nos entrega el gobierno no son las prometidas, se requiere, tal como lo señaló nuestro presidente de Acción Nacional, un cambio de rumbo.
A dos años el gobierno federal vive la peor crisis que haya tenido alguna administración desde el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en este caso es peor. Aquella ocasión una comunidad entera protestó por las miserables condiciones de vida que gobiernos priístas les habían dado por décadas. Hoy la crisis del país pasa por dos graves problemas: corrupción de gobernantes e inseguridad en todos los niveles.
La situación se torna peor cuando vemos las condiciones económicas del país y el pronóstico para los siguientes meses: Bajísimo crecimiento económico que cada vez ajusta más a la baja; caída del precio del petróleo a precios no esperados (hay que recodar que una gran parte del dinero en México depende de las ventas petroleras); inflación y desempleo. En inseguridad, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secuestro creció 12.2 por ciento y la extorsión 22.5 por ciento, esto de diciembre de 2012 a octubre de 2014 en comparación con la administración anterior.
El escenario es de desilusión y frustración: El país no crece, la inseguridad no amaina, los escándalos en los que está envuelto el titular del Poder Ejecutivo revelan conflictos de interés, hartazgo de la ciudadanía y, peor aún, cancelación de importantes proyectos como el tren rápido a Querétaro, obra multimillonaria, por acusaciones de corrupción.
En algún momento el gobierno deberá darse cuenta de la desilusión que ha ocasionado y tendrá que cambiar el rumbo. Esperamos que ese momento llegue pronto y haga cambios antes de que ya no encuentre la manera de enderezar el rumbo.
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