Las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad, pues siguen abiertas las ventanas de discrecionalidad que permiten decidir unilateralmente quién provee un bien o servicio, la contratación con sobrecostos o en condiciones poco ventajosas para el gobierno, así como la simulación de operaciones para contratar empresas fantasma. Una gran cantidad de los mecanismos y esquemas de corrupción de los sexenios anteriores, como de este, han encontrado terreno fértil en las contrataciones públicas, pues lo mismo se han identificado contratos entregados a personas leales al presidente López Obrador, a sus familiares o a empresas factureras o inexistentes.
De acuerdo a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y al analizar todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, es claro que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación. Hasta este momento del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones, 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas y, por último, destaca un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como “Otros” y representan 2.9% del total.
Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173 mil 131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83 mil 958 millones de pesos o 28.1% del total. Sin embargo, llama la atención que los contratos catalogados como “Otros” son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27 mil 500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.
Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%. Esto refleja la continuidad de un fenómeno sistémico que esta administración se ha negado a modificar, en el que las adjudicaciones se usan de manera intensiva a pesar de que, de acuerdo con la ley, deberían de ser la excepción y no la norma, al mismo tiempo que este gobierno prometió dejar de utilizarlas o cuando menos disminuirlas.
En cuanto a la proporción de los montos totales, los primeros 9 meses de 2021 muestran una disminución con respecto a años anteriores en la cantidad de recursos entregados por adjudicación directa, pues la cifra de 28.1% contrasta con 2020, cuando esta administración rompió el récord de los últimos años. A pesar de ello, es necesario esperar hasta el cierre del año, pues en el último trimestre suelen concentrarse grandes movimientos presupuestales, así como la asignación de múltiples contratos.
El análisis de los montos también permite identificar un fenómeno que parece que comienza a definir a las contrataciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: el incremento de los contratos y asignaciones que son catalogados como “Otros”. Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019 —antes de que llegara la pandemia del coronavirus— comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como “Otros”, llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27 mil 500 millones de pesos.
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