Creer en la libre empresa ¿Es delito?

Por: Aminadab Pérez Franco

La escaramuza que mantienen el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el ex candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, llegó ayer miércoles 25 de agosto a extremos preocupantes. Por la mañana, Anaya subió un video donde respondió a la invitación presidencial de acudir al Reclusorio este jueves señalando que lo haría siempre y cuando ocurriera lo mismo con sus hermanos Pío y Martín quienes han aparecido en videos profusamente distribuidos en redes sociales recibiendo sobres con dinero en efectivo.

Tal desplante por supuesto que desató la ira presidencial. De inmediato López Obrador comentó que Anaya puede hacer lo que sea porque es chueco, hipócrita, mañoso y que lo inculpa de perseguirlo para buscar protección. El presidente sugirió que la Fiscalía hiciera publico “el expediente” contra Anaya para demostrar que él no odia y su gobierno no persigue, pues la autoridad tendría pruebas contundentes de la culpabilidad del panista.

Y la Fiscalía General de la República (FGR), contraviniendo algunas de sus responsabilidades, pero obsequiando la instrucción presidencial en un caso a todas luces más político que penal, enrareció el ambiente dando a conocer un documento que transcribe algunas declaraciones de testigos no identificados que le habrían entregado dinero a Ricardo “N”, pero cuya parte medular, que fue dada a conocer entre otros medios por los periódicos Reforma y El Universal es la siguiente:

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Reforma señaló: “La FGR acusó a Ricardo Anaya de participar en una trama delictiva para entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”; en tanto, El Universal informó: “El voto de Ricardo Anaya a favor de la Reforma Energética es uno de los datos de prueba de la Fiscalía presentará mañana en la audiencia inicial en contra del ex candidato presidencial… de acuerdo con la versión pública de los hechos difundida por la propia FGR”.

Si nos disculpan los amables lectores, en esta ocasión haremos a un lado tanto al presidente como al ex candidato y a sus dimes y diretes, para analizar las implicaciones del documento distribuido por la FGR que nos parecen aberrantes y aterradoras.

De inicio cabe hacer la pregunta: Creer en la libre empresa ¿Es delito? Porque la afirmación de la FGR de que la Reforma Energética votada en 2014 entregó el petróleo a empresas extranjeras y ello ha tenido consecuencias económicas y sociales que el país “ha sufrido”, criminaliza a todos quienes creemos en la libertad económica, la economía de mercado, la iniciativa personal, la propiedad privada y el carácter promotor de la economía que le corresponde asumir al gobierno.

La libertad económica es una idea política como existen muchas otras: hay quienes creen en la economía centralmente planificada, quienes discuten entre la propiedad privada y la propiedad estatal, entre la empresa pública y la privada, entre una economía abierta a la globalización y otra cerrada a la inversión extranjera y el intercambio. Es el mismo caso con quienes creen que el gobierno debe controlar precios ante los que creen que el mercado debe fijarlos, o que el gobierno debe dar apoyos e incentivos para fortalecer a la planta productiva ante otros que rechazan los subsidios y aprueban que el pez grande se coma al chico.

Los diferentes puntos de vista se construyen a partir de ideas políticas, de formas de ver al mundo y de maneras distintas de pensar que constituyen la pluralidad democrática de una Nación. Las ideas políticas son de todo tipo: humanistas, liberales, socialistas, conservadores, socialdemócratas, ambientalistas, anarquistas, neoliberales, nacionalistas, internacionalistas, comunistas, aislacionistas, altermundistas y las que cualquiera de ustedes pueda añadir.

Como vemos, el pensamiento humano se sustenta en múltiples visiones del mundo, de la organización del Estado, del papel del gobierno en la economía, de la convivencia social y de los más diversos aspectos de la realidad social y comunitaria. Resulta imposible asumir que cualquiera de tales ideas o sus posturas constituyan la verdad absoluta, o que la mayoría de ellas estén equivocadas, y menos aun que una o algunas deban ser proscritas. Solo las dictaduras y los totalitarismos criminalizan las ideas. Uno de los aspectos nodales de las democracias es que con el pensamiento no se delinque.

Por estas razones, el documento de la FGR es gravísimo. En el Código Penal Federal no está tipificado como delito “entregar el patrimonio petrolero” (con toda la subjetividad que tiene dicha frase, más ideológica que jurídica); tampoco el Código Federal de Procedimientos Penales establece como prueba el voto de un legislador respecto a cualquier dictamen; tal posibilidad resulta ser tanto o más aberrante que pisotear la definición constitucional de la inviolabilidad de los dichos de los legisladores.

Si fuera delito haber votado la Reforma Energética en 2014 tendríamos hoy a centenares de ex senadores, ex diputados federales y ex diputados locales a quienes podría imputárseles penalmente por el sentido de su voto lo cual colocaría a México al borde de un régimen dictatorial: incluso, si revisamos las listas de quienes son ellos, seguramente encontraríamos a varios que en la actualidad ya son legisladores de MORENA debido al fenómeno del travestismo político de nuestros tiempos.

Quien esto escribe nunca ha sido diputado, pero colaboró con el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en las reformas estructurales aprobadas entre 2012 y 2015.

Recuerdo que la iniciativa de Reforma Energética enviada por el presidente Enrique Peña Nieto era una propuesta que se limitaba a aumentar los contratos de riesgo que podía asumir PEMEX para asociarse con empresas extranjeras que quisieran explorar en las aguas profundas del Golfo de México, como ya lo hacían los Estados Unidos y Cuba.

Sin embargo, en las negociaciones de la reforma, la bancada del PAN convenció a las demás de que una verdadera transformación del sector implicaba crear un libre mercado de energéticos, que hubiera competencia entre las gasolineras de PEMEX y las de otras compañías, que se abriera la construcción de ductos para transportar gas y otros energéticos, que se terminara el monopolio de PEMEX para la importación de derivados del petróleo y reformar las atribuciones de organismos autónomos reguladores del sector energético como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, con los que se garantizaría la rectoría del Estado en el ramo, pero evitando que el gobierno fuera juez y parte en el mismo, sino tan sólo un actor más a través de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Por eso hoy la gasolina sube y baja de precio y no como antaño cuando en las gasolineras de PEMEX era cara y de mala calidad; por eso hoy los usuarios pueden optar por usar gasolina, diésel o gas; por eso pueden comprar en gasolineras de cadenas privadas que les ofrecen incentivos y descuentos y no resignarse a surtirse en expendios de PEMEX donde queda la duda si te surten litros de a litro; por eso la iniciativa privada podría -si no fuera por las decisiones obstructoras del gobierno actual- importar energéticos libremente, construir ductos o transportarlos por su cuenta y venderlos al precio más competitivo.

Esta visión desde luego que se sustenta en una idea política. Es la de quienes creemos en que la economía debe ser libre, de mercado y de empresa. Es la que reconoce que la propiedad no es absoluta sino que debe sujetarse a los límites que establecen desde la Constitución hasta los imperativos éticos. Es la que entiende que la iniciativa personal y privada es la más viva fuente de mejoramiento social. Es la que reforma y moderniza las instituciones y los mercados al amparo de una definición constitucional que no prohíbe la propiedad, ni el legítimo interés individual, ni los fines de lucro; que si prohíbe los monopolios, los estancos y las alcabalas, así como todas aquellas prácticas privadas y públicas que limiten el derecho de todos a dedicarnos a trabajar y ganarnos la vida como nos plazca o como podamos, siendo lícitas.

Pero la acusación de la FGR contra Anaya pone todo eso en duda. A partir la visión estatista del actual gobierno -que no es posible calificar de socialista o socialdemócrata por la propia vaguedad de la ideología del presidente y su equipo-, se criminaliza a quienes pensamos distinto, a quienes creemos que es mejor un Estado promotor y que ponga orden en la economía, e incluso a las posturas neoliberales que creen en un Estado mínimo, que actúe apenas como policía y en que existen los mercados perfectos.

Si la visión ideológica del actual gobierno determina lo que es lícito y los que tengamos otras ideas somos orillados al ilícito por pensar distinto, México se convertiría en una dictadura de criterios, donde las definiciones de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales serían letra muerta. Incluso cabría esperar reacciones adversas en los Estados Unidos y Canadá por las implicaciones que este caso podría tener en la operación del T-MEC. Pero lo más grave es que este criterio abre la puerta para que sea lícito que el gobierno nos expropie el patrimonio y los ahorros, que nos amenace con cárcel si no creemos en papá gobierno o que seamos perseguidos si no mostramos la idolatría por el Estado y por el presidente en turno.

No, este caso no es uno más de los distractores que acostumbra el Presidente de la República: es una amenaza al orden democrático y a las libertades básicas de todos. Quien esto escribe desde luego que no se opone a castigar la corrupción, a juzgar a los políticos o a terminar con la impunidad, pero tampoco avala la postura presidencial de usar a la justicia con fines políticos y menos conceder que este argumento sea para que personajes como Ricardo Anaya ejerzan presión para quedar impunes. Si se tienen pruebas de algún ilícito que se proceda contra los ex presidentes o contra quien sea, pero que no se pervierta más de lo que está la procuración de justicia convirtiendo en delito las formas de pensar. Reitero aquí, con el pensamiento no se delinque.