Hace poco más de dos décadas el país impulsó un cambio democrático que generara instituciones y una cultura de la defensa de los derechos humanos.
Uno de los pilares de ese cambio democrático consistió en impulsar el proyecto de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, que también formaba parte de una agenda ciudadana, con la finalidad de poner fin a un régimen que no hacía pública la información que los ciudadanos tenía derecho a conocer.
En su momento, en el dictamen que fue aprobado por absoluto consenso de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión y en el que se abordaron las iniciativas que suscribieron, incluso varios altos funcionarios de la actual coalición gobernante (1), se planteó que este derecho del acceso a la información pública gubernamental formaba parte de un nuevo nivel de los derechos humanos de las personas y, en ese sentido, se le debería aplicar todas las garantías que le corresponde a tales derechos.
Para abordar las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se formó un grupo plural en el que, además de integrantes de todos los grupos parlamentarios, estaban representados, incluso, organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil, con la finalidad de que el resultado del trabajo legislativo gozara del más amplio consenso posible.
Sin duda alguna que el cambio de paradigma en estas materias requería de cierto tiempo para lograr que permeara en amplios segmentos de la población. Ya que para ello era necesario seguir avanzando en otros aspectos, por ejemplo, en el desarrollo educativo de la sociedad.
Los proyectos presentados en el cambio democrático estaban en sintonía con un paradigma de la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Es una lucha que tiene una legitimidad por sí misma a partir de convicciones democráticas. En este tipo de proyectos de Estado no se requiere de la votación de las mayorías, toda vez que, al igual que los derechos humanos, no pueden ser sujetos de votación o discrecionalidad de una mayoría. Tienen un valor por sí mismos.
El avance que se logró en la población para concientizar que tiene derecho a conocer el destino del uso de los recursos públicos difícilmente podrá revertirse. Es evidente que por el momento existe un respaldo de la población en el actual gobierno, debido a los programas sociales de repartir el dinero público a la población.
Sin embargo, vale la pena advertir desde ahora que esos recursos económicos que se están regalando no son infinitos, sino que tarde que temprano se agotarán, no así la legitimidad sobre el acceso a la información pública gubernamental.
El gran reto gubernamental consiste en demostrar que se garantiza el derecho a la información pública gubernamental con menos recursos económicos y sin la infraestructura que ya se había logrado.
El acceso a la información pública gubernamental respalda la libertad, la creatividad y el desarrollo económico, lo demás es una ficción que la realidad tarde o temprano demostrará dolorosamente.
(1) Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados del 24 de abril de 2002, año II número 15 pags 2399 y ss.
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