Coordinador de superdelegados de López estaría bajo sospecha

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La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que investigue a Gabriel García, quien renunció a la coordinación de los superdelegados estatales de AMLO.

La legisladora señaló al morenista de probables delitos electorales por la presunta operación y uso de recursos públicos de los programas sociales de la autollamada Cuarta Transformación “con fines clientelares para beneficiar a Morena en los pasados comicios”.

Recordó que el funcionario —quien volverá a su escaño en el Senado — era el coordinador general de Programas para el Desarrollo, que estaba a cargo de los 32 delegados, 260 delegados regionales y de los 25 mil servidores de la nación, y de ejecutar los programas integrales de desarrollo económico-social.

Entre los programas que dependían de García están Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Producción para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, entre otros.

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Gabriel García le reportaba directamente al presidente de la República, a quien este jueves le presentó la renuncia.

“Es decir, el ahora excoordinador de Programas para el Bienestar era el operador político de López Obrador, quien a través de los superdelegados, los Servidores de la Nación y el uso clientelar de los programas sociales fue determinante para influir en los resultados electorales del 6 de junio en favor de Morena”, acusó.

Aseguró que Gabriel García usó recursos públicos, a una amplia red de funcionarios y programas sociales para montar una sofisticada estructura electoral a fin de promover con fines políticos a López Obrador, comprar el voto e influir de manera ilegal en las elecciones en favor de Morena.

“Por eso debe ser investigado por la FEDE, por presuntos delitos electorales definidos como aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”, demandó la coordinadora perredista.


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