Nos encontramos ante una compleja y dificil realidad; a partir de la pandemia sanitaria se han registrado retrocesos en el combate de la otra pandemia, la de las violencias hacia las mujeres, lo que algunos especialistas ya califican como una crisis de violencia civilizatoria, contexto en el que los delitos de violencia familiar y trata de personas se han incrementado en más del 20 por ciento en el presente año.
Es una crisis inaceptable a la que se debe poner un freno para que ya no seamos espectadores de feminicidios como el de niña de 14 años a la que le arrebató la vida su esposo, de 18 años, en Coatzacoalcos, Veracruz. Por celos, la niña fue agredida; querer regresar a la casa de sus padres, le costo la vida.
Hace unos días la organización Causa en Común alertó que dos de los delitos que se han incrementado este año, son la violencia familiar y la trata de personas, delitos en los que mayoritariamente las victimas son mujeres.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de enero a agosto sumaron 171 mil 928 casos de violencia familiar, lo que representa un aumento de 20 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
En tanto el delito de trata de personas, en los primeros ocho meses de este año se han reportado 525 víctimas, lo que significa el 21 por ciento más comparado con los casos registrados en 2020.
A nivel mundial, el 70 por ciento de las víctimas del delito de trata lo son con fines de explotación sexual y se estima que por lo menos al año 500 mil mujeres y niñas de América Latina y el Caribe son explotadas sexualmente.
Las estadísticas oficiales están lejos de reflejar la dimensión del flagelo, pues se estima que, en nuestro país, cada año más de 20 mil niñas y niños son víctimas de turismo sexual. El 93 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres; de éstas, el 26 por ciento son menores de edad, el 70 por ciento de las víctimas pertenecen a un pueblo originario y el 40 por ciento fueron enganchadas antes de cumplir los 18 años.
En cuanto a las carpetas de investigación por el delito de trata, se coloca en primer lugar Puebla; con 375; Chiapas, con 315; la Ciudad de México, con 113; Oaxaca, con 118; Baja California y estado de México, con 95, lo cual representa el 76 por ciento total en el ámbito local.
La falta de oportunidades, la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud y la desigualdad social son ambientes propicios para los tratantes, por ello su método para reclutar víctimas es la oferta de empleo, seguido del engaño con promesas de matrimonio o el chantaje a partir del desprestigio y la reputación de la víctima.
En un año, de 87 denuncias a nivel federal se obtuvieron 7 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad de un 92 por ciento. De 196 denuncias presentadas a nivel local, se obtuvieron solamente cinco sentencias, lo que significa un 98 por ciento de impunidad.
Se han hecho esfuerzos importantes para combatir este flagelo, pero no han sido suficientes para prevenir, sancionar y erradicarlo, necesitamos hacer más. Debemos quitarnos la venda de los ojos y visibilizar esta atrocidad que les está cancelando el futuro a miles de niñas, niños y mujeres.
Hay avances legales, pero debemos enfatizar que las leyes se vuelven letra muerta si no se acompañan de políticas públicas y acciones afirmativas con una perspectiva de género transversal, porque sólo de esa manera se podrá avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
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