México tiene que cambiar con perspectiva de género. Las manifestaciones de las mujeres observadas en los últimos días dan muestra de la magnitud del agravio y la necesidad urgente de recomponer la relación que el país tiene con ellas. Cada día en que autoridades y ciudadanos dejamos correr con indiferencia sus legítimas demandas, se traduce en tiempo propicio para que la tragedia nacional siga su curso.
Las mexicanas se encuentran cautivas entre la cada vez más evidente negligencia institucional que se ejerce desde varias instancias de gobierno y el deterioro de las relaciones humanas al interior de las más diversas comunidades de nuestro territorio. Espacio fértil para la injusticia y la tormenta perfecta que las lleva, sin descanso alguno, a la desigualdad, el acoso y, más grave aun, a la pérdida de la vida.
Las estadísticas dejan ver lo lamentable del entorno social. Mientras las mujeres aportan lo mejor de su resiliencia y determinación al bienestar de sus hogares, el sistema social les responde con sus peores fenómenos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada 24 horas son asesinadas diez mexicanas por violencia de género. Asimismo, el primer semestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres en los últimos 30 años, al registrar 1,844 homicidios.
También, el año pasado, México presenció una escalada en la violencia contra la mujer al interior de sus hogares: 603 carpetas de investigación fueron abiertas en promedio cada día, para sumar un total anual de 220,028, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una crecida de 19 puntos porcentuales si se compara lo registrado en el primer trimestre de 2019 y 2020, así como de 13% entre 2018 y 2019. Las tendencias demuestran no sólo la gravedad del fenómeno, sino una evolución que escapa del debido control.
Pero cuando las mexicanas no están expuestas al homicidio o la violencia intrafamiliar, se enfrentan a obstáculos que restringen su realización. Condiciones que, además de limitar, en consecuencia, el crecimiento económico o el desarrollo social, les impiden satisfacer de mejor manera las necesidades de sus hogares, especialmente cuando son madres solteras o principales proveedoras de un ingreso familiar.
En este renglón, el Instituto Mexicano para la Competitividad da a conocer datos reveladores respecto del impacto de la pandemia en el entorno laboral de las mujeres en nuestro país. Estos muestran que, si bien el mercado de trabajo se encuentra deteriorado para toda la fuerza de trabajo, como consecuencia del confinamiento, son las mujeres quienes registran la mayor pérdida del ingreso.
Además de que las presiones e injusticias del entorno las conduce a padecer de mayores afectaciones en su estado emocional, en comparación con los hombres. Lo peor es que, por ejemplo, si ellas quisieran superar sus problemas económicos —el principal factor de inestabilidad en su bienestar emocional—, en muchas ocasiones no pueden siquiera concretar la obtención de un empleo o se ven obligadas a abandonarlo, por la carga de responsabilidades que tienen en las actividades domésticas. Criterio que es coincidente con análisis del Centro de Estudios del Empleo Formal.
Por eso, llama la atención que, frente a la sombra del abuso y la desigualdad que persigue a las mujeres en nuestro país, el gobierno federal se haya dado a la tarea de extinguir programas dedicados a mitigar la discriminación y la desigualdad hacia las mexicanas. Criterio de política sobre la cual, incluso la Organización de las Naciones Unidas, expresó preocupación en meses recientes.
También es cierto que la solución encuentra sentido más allá del lado institucional. No todo se resolverá con programas y recursos fiscales. Resulta obligado reencauzar los principios y criterios que norman las relaciones sociales entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, de manera que se imponga el respeto, el reconocimiento de derechos y libertades, así como el valor de la igualdad hacia las mexicanas.
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