Ciudad de México

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Hace algunos años, en 1993, un plebiscito convocado por nueve representantes de la Asamblea del Distrito Federal, a propuesta del asambleísta Demetrio Sodi de la Tijera, confirmó el deseo de los habitantes del DF de convertir a éste en una entidad federativa. Desde 1985 hubo un despertar cívico por hacer valer la efectiva participación ciudadana en la actividad política y en el funcionamiento del aparato gubernamental. Organizaciones ciudadanas promovían reformas estructurales para hacer realidad la democracia electoral en México.

La fundación en 1988 de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (ADESE), agrupación pluripartidista, era una importante expresión. Al año siguiente, la creación del Consejo para la Democracia, cuidadosamente equilibrado en su membresía, reunió a personalidades de los distintos partidos políticos.

Para la década de los noventa, el desgaste de las formas de gobierno del ya pronto septuagenario PRI se manifestaba en la profunda insatisfacción popular con el manejo arbitrario y patrimonialista que frenaba el ejercicio de los derechos ciudadanos.

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Las conclusiones del Foro sobre Procesos Electorales, realizado por el Consejo para la Democracia en abril de 1992 en el Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM, señalaron la urgencia de un padrón electoral confiable acoplado a una credencial electoral con foto, la necesidad de observadores electorales, el subsidio equitativo del Estado para los partidos y, ante todo, la independencia de la organización electoral frente al gobierno.

Gracias a las organizaciones ciudadanas, paso a paso fue consolidándose la fe en que, pese a la hegemonía aplastante del PRI, la maduración cívica en México acabaría por prevalecer. Renacía el empeño democratizador de la campaña de Vasconcelos.

Siguió el plebiscito del 21 de marzo de 1993 para someter a la consideración de la ciudadanía la eventual creación de un estado 32, evento en plena consonancia con el espíritu esperanzado en la instauración de un nuevo orden político nacional.

La consulta para la reforma política del Distrito Federal era, en palabras del propio Demetrio Sodi, el instrumento moderno más adecuado utilizado en varios países, como Uruguay y Costa Rica, para fijar rumbos y lograr el necesario soporte político y moral.

La consulta a la ciudadanía del DF consistió en tres preguntas sobre si ésta quería que los gobernantes de la ciudad fueran o no elegidos; si la ciudad debiera tener un Poder Legislativo propio y si la entidad debía convertirse en un estado más de la Federación.

El plebiscito, sin tener carácter vinculatorio, era un complemento oportuno de la Mesa de Concertación Política que se desarrollaba en ese momento y en la cual destacaba la figura de Porfirio Muñoz Ledo. En ella, los partidos de oposición insistían en la creación del estado 32 con elección directa de su gobernante, con su Congreso propio y municipios, mientras que el PRI y el gobierno federal no aceptaban la elección directa del jefe del Departamento o de los delegados.

La realización del plebiscito destacó en el trabajo de más de mil voluntarios encargados de la producción y distribución de los formularios, recepción y concentración de respuestas para su inmediato cómputo. Este grupo fue análogo al que se formó para realizar, en 1991, el conteo rápido, el primero en la historia de México y de las elecciones federales en el Distrito Federal.

El plebiscito se llevó a cabo con orden y éxito. Su resultado afirmativo de una participación ciudadana de 321 mil 933, confirmó la voluntad de la ciudadanía de elegir a sus propios gobernantes y miembros de su propio Congreso como todas las demás entidades federativas.

Uno de los frutos más importantes del plebiscito fue que una ciudadanía, todavía muy escéptica de su propio potencial electoral, probó la fuerza efectiva de su voto y que los comicios organizados por ella misma son una vía real para realizar la democracia.

Al festejar en estos días la convalidación constitucional de la creación del estado de la Ciudad de México, es oportuno reconocer el mérito que tuvo aquel primer paso concreto que dio el plebiscito del 21 de marzo de 1993. Con él se abrió una brecha que con el tiempo se convirtió en camino fértil para la democracia participativa.


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