El criterio central en política de movilidad para el Gobierno de la Ciudad de México es la inmovilidad. La Zona Metropolitana del Valle de México está detenida no sólo por las indefiniciones constantes del jefe de Gobierno en esta materia, sino por toda una burocracia que, bajo la falta de compromiso público, fomenta por igual abuso, corrupción y atropello de derechos básicos. La capital del país vive un clima de incertidumbre, en donde la complicidad de autoridades complica la simple decisión de trayectos que tienen como origen el hogar o la oficina y obstaculiza hasta el regreso seguro a casa.
Día a día las redes sociales son aparador del abuso protagonizado por agentes de policía, operadores de grúas y, en casos donde llegan a aparecer, por supervisores. Vehículos son remolcados sin violación al Reglamento de Tránsito, conductores amedrentados por el criterio de una autoridad con amplio margen de discrecionalidad y, entre tanto, un gobierno de discurso vanguardista con un ejercicio público cuestionable. Así, este gobierno ha regresado a todos a las malas prácticas de los años setenta, en la que dominaba una autoridad no necesariamente preocupada por los intereses del ciudadano.
La transición de Secretaría de Transportes y Vialidad a Secretaría de Movilidad fue un simple cambio cosmético. La renovada dependencia se ha convertido rápidamente en la defensora de la peor continuidad del Distrito Federal. Las peseras, camiones y taxistas pirata siguen su ruta impune, mientras la extorsión genera costos importantes a ciudadanos de bien que fueron prometidos de contar con un mejor sistema de transporte, en el contexto de la nueva Ley de Movilidad. Bien decía el jefe de Gobierno que la nueva política de movilidad tenía como prioridad al peatón, pues la extralimitación burocrática está dejando a muchos en la calle. Literal.
Hace unos días, cientos de jóvenes, varios de ellos en familia, fueron a disfrutar uno de los conciertos más atractivos de la temporada. Fueron también a contar con un espacio de entretenimiento y de convivencia en uno de los meses más grises de la metrópoli en la última década. Ya los habían dejado sin alternativas de transporte recientemente y, para sorpresa de muchos, como consecuencia del atropello de la autoridad capitalina, esa misma noche sufrieron una vez más. Cuando vehículos bien estacionados fueron arrastrados por la grúa, también con prepotencia y remitidos al corralón los coches de padres de familia, amigos de los asistentes y choferes de Uber por cometer la “infracción” de ascenso y descenso de pasajeros. La injusticia dio origen al desconcierto del cómo regresar a casa de manera segura.
La arbitrariedad institucionalizada no debe seguir. Suficiente se tiene con una política pública sin fundamento técnico, que en sus vaivenes ha mostrado las graves carencias en los sistemas de transporte público colectivo y ha trastornado la vida cotidiana de millones de capitalinos. La Secretaría de Movilidad y la de Seguridad Pública deben comprender que tratan con ciudadanos y no intereses sindicales, mucho menos con delincuentes. Por su parte, Miguel Ángel Mancera debe cortar de tajo los canales de la extorsión y la corrupción que corren por las distintas instancias de su gobierno. Es tiempo de que honre lo expresado en sus discursos en materia de movilidad.
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