Cero tolerancia a la impunidad

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Muy abrazados y muy alegres se ven en las fotos de sus redes sociales, lucen como una pareja prominente, un matrimonio, podríamos decir hoy, con  mucha  luz. Quién iba a pensar que tales imágenes de pronto se convertirían en las primeras planas de los diarios.

El ahora destituido Alfredo Hernández García, secretario de Obras y Servicios capitalino, favoreció a la empresa de su esposa, directora comercial de Planet Ingeniería, con contratos para renovar luminarias en las 16 delegaciones del DF, correspondientes a los programas Iluminemos tu Ciudad y Decisiones por Colonia, por más de 71 millones de pesos.  

El jefe de Gobierno de la Ciudad no esperó un segundo a que el presunto conflicto de interés se acreditara para destituirlo. Cero tolerancia a la corrupción, con la sospecha debe ser suficiente, hizo bien en no esperar, porque el ánimo de la ciudadanía no está para más escándalos de corrupción.

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Pero cabe recordar que no es el primero dentro de su gabinete. Apenas en septiembre pasado el que causó baja fue el oficial mayor del GDF, Édgar Armando González Rojas. Tras la difusión de audios en las redes sociales que lo involucraron en una compra irregular de 10 mil llantas para vehículos del gobierno con un sobreprecio de 30%, lo invitaron a que presentara su renuncia.

La corrupción es un cáncer que tiene postrado al Estado de derecho y la economía de nuestro país. Cuando se apaga el último caso surge uno nuevo. México ocupa el lugar 103 en corrupción de 175 países. La corrupción le cuesta al país al año 9% del PIB, el costo para la  Ciudad de México se estima en 70 mil millones de pesos.

El Partido Acción Nacional ha encabezado la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción en México con autonomía y ajeno a la influencia de la clase gobernante. Como afirma el presidente del PAN, Gustavo Madero, “que se investiguen todos, sean del partido que sea, que estén presumiblemente involucrados en actos de corrupción”.

La única manera para que las instituciones de todos los niveles de gobierno recuperen la credibilidad, es expulsar a los corruptos, garantizar investigaciones objetivas y castigos ejemplares a los funcionarios públicos u otros implicados, para cerrar todo espacio a la impunidad.

El combate a la corrupción no debe ser un lugar común del  discurso político, enarbolarse sólo como bandera electoral, ni mucho menos una reacción al mero cálculo de daño a la imagen de un gobierno.

En los casos mencionados anteriormente, pese a que el Ejecutivo local instruyó a la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de su gobierno, en el uso de sus atribuciones, para que se investigue y sancione todo acto de corrupción, no ha pasado nada, todo apunta a que ninguno de los exfuncionarios pisarán la cárcel en el corto plazo.

Insisto en que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias y aplicarse sanciones ejemplares, no castigar es solapar y propiciar.

A la fecha, la voluntad no se refleja en los hechos; hasta ahora no se conocen acciones contundentes de castigo a casos tan flagrantes como la camioneta del delegado de Iztapalapa, los sobornos del delegado de Coyoacán, el cobro de diezmos en Iztacalco y Tláhuac, la actuación de los funcionarios golpeadores y supuestos secuestradores en Cuajimalpa, o el escándalo de #LadyRotonda, en Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el INEGI, en 2013 San Luis Potosí, el DF y el Estado de México fueron las tres entidades más corruptas del país. No sorprende a nadie, porque donde la impunidad habita la corrupción echa raíces.


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