El Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México, es un servicio de mala calidad y obsoleto en sus instalaciones y tecnologías. La causa, nos aseguran las actuales autoridades, es atribuible a la falta de inversión.
Cabe destacar que si bien no es un Metro nuevo, de los 45 años de antigüedad que tiene, durante 17 años ha sido administrado por gobiernos perredistas. De tal suerte que ellos son corresponsables de que el Metro tenga un déficit de inversión calculado en 25 mil millones de pesos.
Pero el diagnóstico oficial no responde una pregunta clave: ¿quiénes mal administraron o se robaron el dinero asignado año con año? Como es previsible que no obtendremos respuesta creíble, podríamos aceptar que nos dijeran que simplemente a las administraciones capitalinas no les ha importado la seguridad, comodidad y movilidad de sus gobernados.
Esperar que el Metro se recupere pronto es algo que no ocurrirá. Es más, nadie se atreve a fijar una fecha para que el Metro esté en condiciones de ofrecer un servicio de calidad.
Hace casi 15 meses, el PRD empujó el incremento del boleto del Metro de tres a cinco pesos, argumentando que era la única manera de regresarle por lo menos 35 por ciento de funcionalidad y modernización tecnológica. El episodio se concretó entre los dudosos resultados de las encuestas de aprobación ciudadana y las escenas del verdadero descontento de los usuarios con el #posmesalto.
Para evitar pretextos y la politización de los argumentos, luego de que se aseguró que no habría más aumentos, en Acción Nacional demandamos la transparencia en el manejo de esos nuevos recursos. Se creó para tal efecto un fideicomiso en el que se manejan recursos que según las últimas estimaciones alcanzan los dos mil 400 millones de pesos.
Muy buenos han sido para pedir, pero muy malos para transparentar el uso del recurso. Pese a que el compromiso es informar trimestralmente a la Asamblea Legislativa, además de que mensualmente deben aparecer en el portal www.metro.df.gob.mx los estados de cuenta del fideicomiso, los contratos y procedimientos de adjudicación de contratos, la evidencia demuestra que han incumplido.
El gobierno calificó la entrada en vigor como el “verdadero respiro para que salga adelante” y pidió “paciencia del público” que viaja lento y apretado en el Metro, para ver los 11 cambios para los que se etiquetó el recurso derivado de los dos pesos.
Es entendible que por la complejidad de los cambios referentes a la modernización tecnológica y la adquisición de los trenes, el STC cuente con cuatro años a partir de 2014 para mostrar resultados en el rubro.
Pero lo que no se justifica es que hay modificaciones posibles que siguen esperando. Hoy el Metro no resistiría la auditoría ciudadana de los dos pesos. La seguridad no ha mejorado en ninguna de las líneas, la presencia policiaca no se nota en los andenes. El aire acondicionado no es ni medianamente aceptable. Los tiempos de trasladado no mejoran. Se dice que con los cambios al sistema eléctrico recientemente anunciados los elevadores y las escaleras eléctricas mejorarán, pero aún no ocurre en la mayoría de las líneas. Se observa en general falta de mantenimiento, goteras, suciedad, vendedores ambulantes y el regreso de los famosos vagoneros.
Deben rendir cuentas si quieren tener el beneficio de la duda de que no dejarán los compromisos arrumbados en el cajón. Además, debe quedar claro que es inaceptable que intenten disfrazar de anuncios espectaculares las mejoras ya etiquetadas y que además, las conviertan en cortina de humo amarilla para ocultar el fiasco de la Línea 12 y el reciente cierre parcial de 11 estaciones, que provocó caos vial en Tláhuac, más incomodidad y sufrimiento a los usuarios.
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