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En días recientes Morena propuso en el Senado de la República, mediante una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, regular los contenidos que los usuarios de redes sociales colocamos en nuestras cuentas o perfiles.
En ese sentido, establece la posibilidad de que todo aquel contenido (texto, fotografías, video, audio, imágenes, etc.) que subimos a las redes como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc., pueda ser vigilado y retirado, si se considera ilícito (ya sea porque implique apología de un delito, o incluya un discurso de odio, o transmita noticias falsas, mejor conocidas como “fake news”, etc.).
Es verdad que muchas de esas redes sociales ya se autorregulan para evitar en lo posible la propagación de ese tipo de contenidos. Incluso advierten en sus normas comunitarias contenidas en los términos y condiciones, que en esos casos se puede llegar a retirar un contenido, e incluso a suspender o cancelar una cuenta o perfil. Pero justo lo que en el mundo se ha venido impulsando, a efecto de no incurrir en censura y por lo tanto no violar el derecho a la libertad de expresión y a la información, es que las propias redes sociales se autorregulen.
Acá en cambio, se plantea que las redes sociales, si es que quieren operar en México, primero deben tramitar una “autorización” ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto, de entrada, en una preocupante limitante de entrada de algunas redes sociales al mercado. Una red social que se signifique por ser crítica al gobierno seguramente encontrará mas difícil obtener su permiso.
Pero además, las que ya tengan permiso, quedarán bajo la espada de Damocles; si un día el gobierno decide revocar el permiso o no renovarlo, verían en serios problemas la continuidad de sus operaciones.
Lo cierto es, que al presidente López Obrador le preocupa que en algún momento le llegue a pasar algo como lo que le ocurrió al presidente Donald Trump cuando twitter decidió suspenderle su cuenta, al detectar que difundía noticias falsas y ponía en riesgo el orden público incitando a la insurrección.
El presidente López Obrador quiere tener la posibilidad de decirle a una red social que si le suspenden su cuenta, él tiene el poder de suspender todas las cuentas de toda la red, revocando el permiso.
La propuesta es pues muy preocupante, porque además, otorga la facultad al IFT para resolver las impugnaciones que presenten los usuarios contra la sanción que les haya impuesto la red social. Que eso lo decida una autoridad supeditada al presidente de la República es inaceptable.
Y también resulta inadecuado el hecho de que esa atribución se conceda a esa instancia que no es la autoridad especializada en la protección del derecho a la información y de la libertad de expresión, sino una autoridad especializada mas bien en aspectos técnicos de las telecomunicaciones. Si la propuesta otorgara esa atribución de calificar los contenidos subidos a las redes sociales a una autoridad verdaderamente conocedora de estos derechos, y con autonomía, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), todavía tendría algún sentido.
La falta de una definición clara acerca de lo que debe entenderse por “noticia falsa”, es también muy preocupante. En un momento en el que México cuenta con un presidente y un gobierno que en buena medida se han caracterizado por propagar mentiras a diestra y siniestra -prácticamente todos los días-, uno pensaría que evitar la profusión de esa desinformación sería un bien, pero es obvio que si es el propio gobierno el que decidirá qué información se considera noticia falsa y cual no, terminará validando sus mentiras como información cierta (aunque se trate de “otros datos”), y censurando la opinión y la información veraz que le resulte incómoda.
Llama la atención que lo que antes fueron consideradas “benditas redes sociales”, ahora que le resultan críticas al gobierno, se pretenda “regularlas” dotando al propio gobierno de la autoridad para censurarlas.
Permitir algo así, será permitir un paso más -y muy grande-, en contra de la libertad de expresión, del derecho a la información, y de la democracia en general. Sería un avance claro del autoritarismo que desde hace un par de años se cierne sobre nuestro país.
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