Hace unos años, Brasil se nos vendió, a fuerza de publicidad y propaganda, como un modelo de país a seguir para acceder a un mejor crecimiento económico y desarrollo social. Muchas fueron las referencias mediáticas sobre las supuestas ventajas competitivas ofrecidas por la nación sudamericana en la instrumentación de políticas públicas, frente a la profunda falta de acuerdo político observado en México durante las últimas dos décadas.
Hoy la perspectiva es distinta: queda claro que no basta un presidente carismático como lo fue Lula da Silva, ni una marca país bien posicionada en el extranjero para conseguir una mejora sostenida en la calidad de vida de los ciudadanos.
En lo económico, el modelo brasileño muestra sus flaquezas. El contexto mundial ha generado mediocres tasas de crecimiento, sin embargo, el escenario es aún más adverso para este país. A diferencia de otras naciones de la región, han resistido su economía a hacerla plena al libre comercio y este año entra a su segundo año en recesión. Mientras en 2015 se contrajo 3.71% tras un crecimiento menor al punto porcentual en 2014, se espera que en 2016 su Producto Interno Bruto se reduzca en tres por ciento. Contracción económica con altas tasas de inflación, el año pasado alcanzó casi 11% y el desempleo ha venido en aumento desde 2011, dejando a un 8.5% de los brasileños sin actividad productiva en el mismo 2015.
Afuera muchos se cautivaron con el efecto Lula, pero adentro un importante sector de la sociedad sigue sin percibir beneficios concretos de su sistema institucional. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y por el Latinobarómetro, a pesar de los altos niveles de votación observados entre 1995 y 2015 —del orden de 80% del padrón electoral—, tan sólo un 25% de los ciudadanos brasileños se encontró satisfecho con su sistema democrático. La popularidad de Dilma Rousseff llega apenas a 12%, según encuesta difundida recientemente en uno de los periódicos con mayor credibilidad de esa nación.
En este contexto se enmarca la profunda crisis política de Brasil. Un Congreso caracterizado por la corrupción de la gran mayoría de sus legisladores, inicia un proceso de destitución en contra de la presidenta Rousseff por solicitar préstamos bancarios con el fin de ocultar déficits públicos. Tras ser aprobada la destitución en la Cámara de Diputados, y en la antesala de votarse el caso en el Senado, el presidente interino del Congreso inyecta incertidumbre al determinar, de manera unilateral, la anulación del proceso por irregularidades legislativas. Entre ellas, la injerencia de líderes partidistas en el sentido de voto de sus bancadas, y la pobre fundamentación jurídica de las distintas expresiones en el pleno.
A las horas, el presidente del Senado rechazó la suspensión del trámite. En ese sentido habría de esperar para mañana miércoles la votación en el pleno, con base en el análisis aprobado hace unos días en la comisión especial creada para ello. De contar con mayoría simple, Dilma Rousseff será separada del cargo, en tanto se realiza la investigación correspondiente. A su conclusión, con el respaldo de dos terceras partes de los senadores, la presidenta brasileña podría ser destituida en definitiva.
El retrato de la inestabilidad ofrecido por Brasil no es el camino a seguir. Sí el de la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional, la disciplina de la política económica y el libre comercio. La visión debe estar puesta en un planteamiento estratégico de Estado de largo plazo, más que en la atención a modelos externos que no son, en los hechos, del todo exitosos.
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