Hoy justo se cumplen siete días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, derrumbó la versión de la Procuraduría General de la República que afirmaba que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en un basurero a manos del crimen organizado.
El informe del GIEI es, por supuesto, una herramienta valiosísima para una investigación que ante todo no debe cerrarse hasta llegar a la verdad que merecen no sólo los padres de los estudiantes, sino cada mexicano a quien ha indignado esta tragedia, así como encontrar y castigar a los responsables, pero representa también una palada más que cava la tumba de la confianza en las instituciones democráticas mexicanas. Para una politóloga como yo, que cree en las instituciones como mejor medio para alcanzar el desarrollo, tener que hablar y escribir una y otra vez sobre el profundo y cada vez mayor descrédito de éstas es muy duro, pero sólo partiendo de esta realidad podremos reencontrar el camino. No por ser de oposición me da gusto que la máxima instancia de procuración de justicia de mi país haya quedado ante los mexicanos y el mundo como una farsante.
Hasta hoy, la PGR no ha contradicho la versión del GIEI respecto de que el supuesto incendio en el basurero de Cocula, simplemente, no sucedió. Tampoco ha desmentido la existencia de un quinto autobús donde viajaban parte de los normalistas. Mientras no haya desmentidos ni explicaciones, quedan muchas preguntas en el aire: ¿por qué mintió la PGR?, ¿mintió por dar una pronta respuesta?, ¿mintió por encubrir a alguien?, ¿a quién y por qué? Pero sobre todo: si los normalistas no fueron incinerados, ¿qué fue de ellos?
A raíz del informe, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa han pedido que el GIEI siga coadyuvando en la investigación, y las y los senadores de Acción Nacional hemos propuesto que dicha investigación sea retomada por un organismo internacional, siguiendo el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala creada por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas. Dicha comisión, absolutamente independiente de cualquier factor de poder y libre de cualquier interés en Guatemala, pudo lograr lo que en muchos países de nuestra región, y por supuesto en México, es inconcebible: encontrar y castigar al responsable de un delito, así sea el mismísimo Presidente.
Sobra decir que la sola idea de una comisión internacional que tome las riendas de la investigación sobre la desaparición de los normalistas causó inmediato rechazo por parte de los colegas del PRI y de los funcionarios del gobierno. Incluso, alguno la descalificó describiéndola como “pura política”. La verdad es que aunque nos pese, lo reportado por el GIEI revela el tamaño de las insuficiencias en la investigación federal y estatal: diligencias tardías o no efectuadas, escenas del crimen no reportadas, elementos no investigados y confusión entre evidencias destacan de una larga lista.
Lo quiera reconocer el gobierno o no, que las instituciones responsables de la investigación han sido rebasadas, exhibidas y desacreditadas no es un tema a discusión. Es la desconfianza lo que priva ahora, y una comisión internacional auspiciada por la ONU o por la propia OEA podría ayudar a recobrarla, pero sobre todo podría ayudar a encontrar la verdad sobre lo sucedido a los 43 jóvenes mexicanos cuya desaparición cumplirá un año en pocos días. Por ese objetivo primordial bien vale la pena un poco de humildad y reconocer que se necesita ayuda.
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