Ausencia de estado

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Desde el asalto a la guarnición militar de Madera, en Chihuahua, no había habido un atentado contra una instalación militar en el país. Se entiende que el que 200 encapuchados forzaran la entrada con un tractor-
trailer en Iguala el pasado 12 de enero no es comparable con el ataque armado del 23 de septiembre de 1965. En esta ocasión no se intentó apoderarse de armas, sólo se realizó una provocación para que los soldados dispararan y causaran víctimas que alimentarían la protesta por la desaparición de los 42 normalistas, la que sigue sin ser aclarada.

Aunque en aquella lejana ocasión fallecieron 5 militares y 8 atacantes, en esta ocasión sólo hubo lesionados, 11 militares, 5 policías y 2 civiles, sin que ninguno haya estado en peligro de perder la vida. Pero a pesar de la menor gravedad de los hechos, es verdaderamente preocupante que de nuevo se haya vuelto a atacar un cuartel militar. El ejército mexicano es la institución en la que más confianza tiene la población, muy por encima de legisladores, gobiernos y partidos, además de ser el fiel guardián de las instituciones nacionales y de la integridad de la patria.

Muchas revoluciones en el mundo han comenzado por un asalto a un cuartel para proveerse de armas, así que cualquier atentado a un cuartel siempre despierta suspicacias y debiera ser rechazado por principio. Por fortuna se aplicó un protocolo que establece que los militares no deben disparar a menos que enfrenten un ataque armado. De otro modo, la violenta entrada al cuartel de Iguala usando el tractor-trailer pudo haber desatado un tiroteo de fatales consecuencias para los involucrados.

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Aunque no se ha probado que esta violenta entrada al cuartel haya sido para proveerse de armas y municiones, el que quienes lo hicieron en el cuartel en Iguala estuvieran encapuchados no abona a la credibilidad de que su intención fuera sólo verificar la existencia de supuestos hornos crematorios en el cuartel. Todo pareció que buscaron generar "mártires" que agravarían las protestas desatadas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Bien por las autoridades militares que propusieron el susodicho protocolo, pero es injustificable que no sometieran, desencapucharan y presentaran ante la autoridad judicial a los agresores. Las autoridades civiles y militares cayeron en lenidad al no detener a ningún agresor. Su omisión sólo muestra el grave deterioro de la autoridad en varias partes del país, en especial en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Especialmente en estos tres estados la autoridad brilla por su ausencia. Ayuntamientos, gobiernos estatales y el federal eluden hacer cumplir la ley. Prefieren ejercer una prudencia que más parece lenidad. Abandonan su deber para evitar confrontaciones, pero al hacerlo dejan a la ciudadanía a merced de los que protestan con razón o sin ella: maestros en Oaxaca, ocupantes de las casetas de autopistas en Guerrero, caciques en Michoacán y narcos en las tres entidades hacen lo que quieren sin que ninguna autoridad los contenga y los someta al orden.

En algunos casos, quienes realizan las protestas incluso están financiados por las propias instancias de gobierno, como es el caso de los maestros en Oaxaca y Guerrero. Éstos después de cobrar sus salarios, en vez de enseñar dedican su tiempo a realizar protestas, hacer bloqueos y ocupar casetas de cobro sin que ninguna autoridad intente impedírselo. Le han tomado el pulso a las instancias de gobierno que ya no intentan detenerlos o controlarlos, y en algunos casos incluso las sustituyen.

La pérdida de clases por ausencia de maestros, la de los negocios a causa de los bloqueos y la de ingresos de las casetas de cobro parece no importarle a autoridad alguna aduciendo tolerancia. La ciudadanía está desesperada y ya ha comenzado a tomar medidas por su cuenta para protegerse, lo que pudiera poner en riesgo tanto la paz pública como el monopolio de la fuerza que debiera tener el Estado.

El gobierno federal está obligado a apoyar a los estatales antes que los problemas rebasen el punto de no retorno que podría llevar a lo que más teme buena parte de la población: el fin de la tranquilidad en todo el país.


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