Auditoría de Michoacán investiga a Aureoles por desfalco de 50 mmdp

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Silvano Aureoles

La administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán insiste en que su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, de haber cometido irregularidades durante su gestión, que derivaron en delitos como: daños al erario, peculado y mal manejo de recursos públicos.

Además de la carpeta de investigación que se encuentra abierta en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR), la administración de Ramírez Bedolla presentó sus propias querellas ante instancias federales y estatales contra el perredista y varios de sus colaboradores cercanos.

También la Auditoría Superior de Michoacán señaló que hay varias obras de deficiente calidad e interpuso una demanda de juicio político contra el ex gobernador, ante el Congreso del Estado por una organización de productores que denunció anomalías en un programa ganadero.

Al sumar la voluminosa deuda pública heredada y los daños directos al erario que aparecen en las denuncias, se calcula que Aureoles podría haber malversado alrededor de 50 mil millones de pesos, compuestos por: 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones en seguros, 13 mil millones de adeudos a proveedores; 9 mil millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros.

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Además, de varios miles de millones por presuntos malos manejos en obras y adquisiciones, de acuerdo con una investigación realizada por la Revista Proceso.

El gobierno michoacano presentó el 21 de febrero las primeras seis denuncias penales por irregularidades en el gasto público durante la pasada administración, que habrían afectado al erario por más de 5 mil millones de pesos.

Los probables delitos contra el gobierno de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los hallazgos destaca la firma de contratos con una empresa sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, así como cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial, por más de 652 millones de pesos.

Consulta aquí la investigación completa.


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