Después de casi cuatro años de trabajo del Congreso mexicano y de un esfuerzo ciudadano sin precedentes, esta semana se promulgaron las siete leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Dichas leyes buscan por primera vez la implementación de una política nacional en este campo; establecen mejores procedimientos de sanción para combatir la impunidad, así como mecanismos para que ni un solo peso público se escape de ser fiscalizado oportunamente. Nuestro sistema es, sin duda, en el papel, uno de los mejores del mundo y si funciona bien puede cambiar el rostro de México y convertirlo en un referente del combate a la corrupción, pero para eso, aún falta recorrer un buen tramo y sortear con éxito varias decisiones cruciales.
En primer lugar, el Senado debe iniciar a la brevedad el proceso de elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción integrado por cinco ciudadanos, cada uno de los cuales presidirá el sistema por un año. Ese comité, que será el rostro del Sistema y que servirá de contrapeso a las organizaciones de gobierno que también lo integran, será también el que de inicio genere o no confianza en el nuevo sistema. Quienes conformen este órgano deben gozar de tal prestigio que su solo nombre sea capaz de revertir el actual recelo hacia todo lo que huela a política y gobierno.
Además, se debe designar al nuevo fiscal anticorrupción que será el responsable de encarcelar a los funcionarios públicos y particulares corruptos. Esta decisión a cargo del Senado deberá de ser tomada cuidando que el proceso sea impecable, ordenado, profesional, no partidizado y bajo reglas de parlamento abierto. De nuevo, tanto el proceso como el nombre de la persona electa deben generar confianza para esta posición que, como ninguna dentro del sistema, estará bajo el ojo público que esperará resultados a corto plazo.
La ley establece que de ahora en adelante el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado. Bajo este nuevo procedimiento, el Presidente de la República está obligado a enviar un candidato que sea, no sólo probo, sino que además tenga otras cualidades como la imparcialidad y la independencia que lo hagan aceptable por una amplia mayoría multipartidista. Más aún, ante el hecho de que la corrupción ha sido el talón de Aquiles de este gobierno, y dada la exoneración que hiciera el anterior secretario, Virgilio Andrade, del presidente Enrique Peña por el “error” de la Casa Blanca reconocido así por éste, el lunes pasado, no exagero en decir que en el nombramiento de ese funcionario, el Presidente se juega una de las pocas cartas que le quedan en su sexenio para recobrar algo de aprobación ciudadana.
Además del nombramiento de estos siete personajes clave para que el Sistema Nacional Anticorrupción nazca, al menos, con el beneficio de la duda, en el Congreso debemos seguir trabajando en la armonización de una veintena de leyes entre las que destacan las que tienen que ver con los procesos de compras y concesiones que hacen los gobiernos que es en donde se genera el grueso de la corrupción en términos económicos. Otros dos temas indispensables para avanzar son la reforma de los actuales modelos de financiamiento y de campañas electorales que son la fuente de la corrupción política, así como la del modelo de publicidad gubernamental que es el origen del silencio cómplice de un buen número de medios de comunicación frente a los malos gobiernos. Asimismo, el fuero del que gozamos legisladores y servidores públicos de alto nivel debe ser eliminado. Como vemos, hay trabajo anticorrupción para rato.
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