La reciente aprobación de diversas leyes en México ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y organizaciones civiles, al establecer una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica que, según lo detallado en un análisis reciente, podría ser accesible por el gobierno sin necesidad de una orden judicial. Esta medida tiene profundas implicaciones para la privacidad y los derechos de los ciudadanos mexicanos, marcando un antes y un después en el control gubernamental sobre la información personal.
La preocupación central radica en la Ley General de Población, la cual estipula que el CURP biométrico será obligatorio para acceder a cualquier servicio, ya sea público o privado. Esto significa que cada actividad cotidiana dejaría un rastro digital, susceptible de ser monitoreado y consultado por las autoridades. La información recopilada podría ser integrada en la Plataforma Única de Identidad, un sistema creado bajo la Ley en Materia de Desaparición Forzada, y lo más alarmante es que el acceso a esta plataforma también estaría exento de la necesidad de una autorización judicial. Esto abre una puerta a la vigilancia masiva sin los contrapesos democráticos necesarios.
Además de la CURP biométrica, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia agrava la situación al permitir la interconexión de bases de datos públicas y privadas. Con esta ley, las autoridades podrían solicitar, sin orden judicial, registros telefónicos, fiscales o vehiculares de cualquier ciudadano, y lo que es más preocupante, el afectado no sería notificado de dicha solicitud. Esta ley establece una Plataforma Central de Inteligencia, otorgando al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional un acceso irrestricto a estas bases de datos. La Ley de Telecomunicaciones, por su parte, obliga a las compañías telefónicas a vincular las líneas a un CURP bajo amenaza de cancelación del servicio, permitiendo a las agencias de seguridad e inteligencia acceder a estos registros. Lamentablemente, esta ley no corrige fallas previas, pues no exige explícitamente una orden judicial federal para el acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real, una práctica que ya ha sido utilizada para abusar de periodistas y opositores.
En conjunto, estas legislaciones tejen una red que conecta la identidad de los ciudadanos con cada faceta de su vida diaria, desde sus rutinas y ubicaciones hasta sus contactos y actividades. Esta vasta cantidad de información, ahora accesible a autoridades civiles y militares a discreción del gobierno y sin un control judicial, expone datos sensibles y aumenta la vulnerabilidad de la población. Lejos de ofrecer mayor protección, estas medidas podrían convertirse en una herramienta para la vigilancia y el abuso. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su rotundo rechazo, advirtiendo que estas leyes representan la edificación de una infraestructura de vigilancia masiva, opaca y propensa a los abusos. La discusión sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en México continúa, con la ciudadanía exigiendo transparencia y respeto a sus derechos fundamentales.
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