El crecimiento desordenado de la Ciudad de México acabó con grandes extensiones de bosques y áreas verdes. Es evidente el daño irreversible en áreas naturales protegidas y parques nacionales, como la Sierra de Guadalupe, el Desierto de los Leones, los Dinamos, Chichinautzin y el Cerro de la Estrella.
En la zona sur y sur-poniente, las invasiones y posterior urbanización de asentamientos irregulares, destruyeron miles de hectáreas de bosques y a la vez, acabaron con la principal fuente de recarga del acuífero de la Ciudad.
Hay muchas iniciativas ciudadanas para captar agua de lluvia, pero es importante recordar que tenemos una cisterna gigantesca e inigualable de agua que es el acuífero subterráneo. Este gran “tanque de agua” se recarga de forma natural gracias a la lluvia —que es muy abundante—, siempre y cuando mantengamos en buen estado nuestros bosques. La calidad permeable de estos suelos son los que permiten garantizar la sustentabilidad del acuífero.
Estamos frente a un triple problema: la pérdida irreversible de los bosques, la pérdida irreversible del acuífero por reducir su capacidad natural de recarga y el incremento del riesgo por inundaciones. Increíble paradoja de nuestra querida Ciudad de México: perder su fuente principal de abastecimiento de agua y por otro lado, quedar expuesta a inundaciones.
Originalmente, los escurrimientos de cauces y barrancas corrían libremente por los principales ríos del poniente, hacia el Lago de Texcoco; con la acelerada urbanización, todos los ríos se convirtieron en drenajes de aguas negras, fueron entubados y por lo mismo, su capacidad natural de conducción se limitó fuertemente.
Con objeto de atenuar las grandes avenidas de agua en tiempo de lluvias, desde principios del siglo pasado hasta el año de 1960, se construyó un conjunto de presas en la zona poniente, que funcionan como vasos reguladores para controlar los picos de lluvia cuando se presentan fuertes tormentas. Estas presas son de “regulación horaria”; se llenan durante la tormenta y se vacían en 24 horas hacia el Interceptor Poniente del Sistema de Drenaje Profundo.
Actualmente hay 27 presas que operan como vasos reguladores del poniente, 17 están bajo la responsabilidad y operación del gobierno local y otras 10 corresponden al Estado de México.
Este sofisticado sistema de “regulación hidrológica”, compuesto por varias presas —que algunas de ellas tienen más de un siglo de operación—, se encuentra en total abandono. La mayoría de las presas ha perdido su capacidad original, principalmente por la gran cantidad de azolve y por miles de toneladas de basura y cascajo que son tirados en los cauces y barrancas por total falta de conciencia cívica y de autoridad.
Hoy me referiré al caso de la presa Anzaldo que fue construida en 1933 con una capacidad de 210 mil metros cúbicos de almacenamiento, muy reducida en la actualidad; se localiza en la confluencia del Periférico y la avenida Luis Cabrera con el Pedregal, en el límite de la delegación Magdalena Contreras. Es vital en el control de avenidas de las zonas altas para la seguridad de miles de familias que habitamos esta zona.
De repente, como por arte de magia, emerge desde el fondo de la presa Anzaldo una gigantesca construcción de acero, probablemente un gran edificio de oficinas. Por cuestión elemental de seguridad no debería haber construcciones de ningún tipo entre la presa y el Periférico. El Gobierno de la CDMX está obligado a garantizar la correcta operación y la seguridad de todas las presas de regulación y en este caso particular, es evidente el alto riesgo al que se enfrenta esta construcción, pero mucho peor es el daño que se le está ocasionando a la propia presa Anzaldo y a todo el sistema de seguridad de la Ciudad.
Ha habido una total falta de autoridad en muchos casos donde fueron tolerados asentamientos irregulares precarios en torno a algunas presas, pero resulta escandalosa la situación de la presa Anzaldo, a plena luz del día, ante millones de miradas diarias, en una de las zonas más transitadas del sur de la Ciudad. ¿Qué dicen las autoridades delegacionales que autorizaron esta obra? ¿La Asamblea Legislativa? ¿El Invea?
Suponiendo como sucede en muchos casos, que algún particular demostrara la “legal” posesión en un predio colindante con la presa, la autoridad de la CDMX estaría obligada a la expropiación por causa de utilidad pública y seguridad de la población, pero nunca la autorización de una construcción de este tipo.
Me gustaría conocer qué opina el jefe de Gobierno sobre la destrucción de una infraestructura vital para la seguridad de la población, que pone en riesgo a millones de personas.
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