La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de defensa consistente hacia funcionarios de su partido, Morena, frente a controversias recientes que cuestionan el uso de recursos públicos, la gestión educativa y posibles vínculos con el crimen organizado. Esta estrategia, analizada desde distintas perspectivas, refleja tensiones entre la unidad interna y las exigencias de transparencia en un contexto preelectoral.
En el caso de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Sheinbaum respaldó su labor “excelente” pese a la investigación abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante varios meses, cuando Ebrard era canciller. La mandataria señaló la ausencia de normas claras al respecto y descartó su remoción, mientras la oposición, como el PAN, presentó denuncias por presunto abuso de autoridad y uso indebido de bienes públicos. Defensores argumentan que se trata de un asunto familiar sin daño al erario y que la investigación sigue su curso; críticos ven en ello un doble rasero que erosiona la credibilidad del combate a la corrupción.
Respecto a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, la polémica surgió por el anuncio de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, lo que implicaría cerca de tres meses de vacaciones vinculadas al Mundial de Fútbol 2026. Sheinbaum matizó que se trataba de una “propuesta” aún no definida, frenando la medida ante críticas de padres de familia, oposición y expertos educativos que alertan sobre pérdidas en el calendario escolar y deterioro de la calidad educativa en un país con rezagos persistentes. Sus partidarios lo justifican como adaptación a eventos nacionales y consulta a maestros; detractores lo interpretan como priorización de lo festivo sobre la formación de estudiantes.
El caso más grave involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”, junto a otros funcionarios. Sheinbaum ha exigido “pruebas claras” y rechazado cualquier injerencia extranjera, defendiendo la soberanía y la presunción de inocencia mientras la Fiscalía General de la República investiga. Rocha niega los cargos y los califica de motivación política. Mientras unos ven protección a aliados clave en un estado estratégico, otros cuestionan si esta línea compromete la lucha contra el narcotráfico y la credibilidad internacional de México.
Analistas de diversas corrientes coinciden en que estas defensas responden a la lógica de preservar la cohesión de Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027. Para algunos, fortalece la lealtad y evita fracturas que debiliten al movimiento; para otros, arriesga la imagen de renovación y responsabilidad que Sheinbaum proyecta, alimentando percepciones de impunidad selectiva. La polarización resultante invita a un debate profundo sobre los límites entre lealtad partidista y rendición de cuentas pública, en un sistema donde la imagen institucional influye directamente en la confianza ciudadana.
Este enfoque genera controversia al confrontar principios de gobernanza con dinámicas políticas internas, obligando a reflexionar sobre si la prioridad en la unidad beneficia o perjudica la democracia mexicana.
