¿Cómo se explica el cambio de opinión en el PT y el PVEM? Tras haber rechazado la iniciativa de reforma electoral original, ahora se disponen a respaldar el denominado Plan B. Ambos partidos se opusieron inicialmente a modificar la elección de legisladores plurinominales y a reducir el financiamiento público tanto a los partidos como al INE; sin embargo, hoy avalan el recorte presupuestario en legislaturas locales, regidurías y en la estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y del propio instituto nacional.
Durante la discusión previa, legisladores del PT señalaron que la reforma era algo que «nadie había pedido», lo que contradice el discurso de la presidenta Sheinbaum, quien sostiene que estas medidas cumplen una promesa de campaña exigida por la ciudadanía. Actualmente, el escenario público vuelve a llenarse de recursos discursivos sobre el combate a los privilegios y la austeridad. Estos argumentos se reproducen sin que el PT o el PVEM hayan reaccionado de forma coherente en ambas etapas del proceso.
¿Qué cambió? Es posible que los incentivos se transformaran en presiones. Las dirigencias de los partidos aliados parecen haber comprendido que, aunque la reforma les reste financiamiento y escaños, el costo de enfrentar directamente al Poder Ejecutivo es mayor. Ante este panorama, prefirieron ceder.
El problema de fondo es que no estamos ante un ajuste legal derivado del consenso, sino ante la imposición de una postura ideológica que utiliza prebendas y advertencias para consolidarse. Detrás de esta maniobra subyace la intención de transferir mayores recursos a programas sociales, instrumentos que han servido para asegurar votos para Morena, una organización diseñada para retener el poder y que ha hecho del control electoral su prioridad.
Para el PT y el PVEM, la situación es una encrucijada: defender las reglas actuales de competencia que garantizan su supervivencia o claudicar para evitar ser aplastados por la maquinaria del partido oficial. Cualquiera que sea su elección, resultarán afectados; su margen de maniobra se reduce a gestionar el daño colateral.
Su alianza con Morena persistirá porque les brinda protección y caudal de votos, pero el costo es alto: las candidaturas y distritos donde compitan sus militantes quedarán supeditados a la voluntad del partido en el poder. Romper la coalición no parece viable. Competir en solitario o aliarse con el bloque opositor (PAN, PRI y MC) los situaría bajo el fuego de una plataforma de propaganda estatal dedicada a golpearlos sistemáticamente, sin garantía alguna de éxito.
Las versiones que sugieren que Morena busca debilitar a sus socios parecen, tras los hechos recientes, ajustadas a la realidad. La impresión final es que el destino de estas fuerzas políticas ya no está en sus manos, sino que se decide en Palacio Nacional.
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