Los estados financieros del Tren Maya y del Grupo Mundo Maya, administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, revelan un déficit significativo durante 2025. El primero registró pérdidas por 3 mil 579 millones 87 mil pesos entre enero y septiembre, mientras que el segundo, responsable de siete hoteles en el sureste, acumuló 2 mil 819 millones 703 mil pesos en el año completo. En total, superan los 6 mil 398 millones de pesos, una cifra que equivale al financiamiento anual de pensiones para 166 mil 615 adultos mayores, según estimaciones basadas en el monto promedio de estos apoyos sociales.
Estos números destacan en un contexto de políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal, que incluyen propuestas para recortar el 25% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). La reforma electoral presentada en febrero de 2026 argumenta que estas medidas reducirían costos excesivos en el sistema democrático, estimados en 61 mil millones de pesos para los comicios de 2024, y promoverían una mayor eficiencia al adelantar cómputos distritales. Funcionarios como la presidenta Claudia Sheinbaum defienden que los cambios fortalecerían la legitimidad al devolver poder al pueblo y racionalizar gastos, asegurando que los cómputos inmediatos brindarían certeza sin necesidad del PREP.
Sin embargo, esta postura genera controversia. Críticos de oposición, como senadores del PRI y analistas independientes, ven en los recortes un debilitamiento deliberado del árbitro electoral, que podría comprometer la transparencia y la equidad en procesos democráticos. Argumentan que, mientras se subsidian megaproyectos con déficits crónicos –el Tren Maya operó al 30% de su meta y pierde 7.1 millones diarios–, se sacrifica la independencia institucional. El ahorro proyectado de 8 mil millones en el INE para 2026 representa solo el 0.07% del gasto público total, equivalente a menos de dos días de intereses de la deuda nacional o una cuarta parte del subsidio anual al Tren Maya. Esta disparidad alimenta acusaciones de autoritarismo disfrazado de eficiencia, donde el control centralizado prevalece sobre la responsabilidad fiscal.
Desde una perspectiva económica, los defensores del gobierno destacan que estos proyectos representan inversiones a largo plazo para el desarrollo regional, con potencial para generar ingresos turísticos y conectividad. No obstante, los datos revelan ingresos mínimos: el Tren Maya captó solo 387 millones en nueve meses, cubiertos mayoritariamente por fideicomisos y transferencias estatales. Opositores replican que tales déficits evidencian mala planeación, priorizando simbolismo sobre viabilidad, y cuestionan la opacidad en su administración militar.
La polémica se intensifica al contrastar estas pérdidas con la eliminación de órganos autónomos en años previos, que ahorraron 4 mil 400 millones pero costaron contrapesos institucionales. En última instancia, el debate subraya tensiones entre austeridad selectiva y preservación democrática, con riesgos de erosionar la confianza pública si no se abordan con mayor transparencia y rendición de cuentas.
